El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid buscarán juntos una solución a los afectados de CPV

El presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, recibió ayer a miembros de la asociación de afectados de CPV, la promotora que supuestamente estafó a 1.200 familias en la compra de una vivienda. A la reunión acudió Elena Barrionuevo, presidenta de la asociación y que esta semana tuvo un rifirrafe con el Gobierno regional al trascender que había mantenido un encuentro con Ruiz-Gallardón. Barrionuevo primero negó ese encuentro y después lo reconoció, aunque manteniendo que fue una cita de carácter "personal", mientras que el Ejecutivo regional lo calificó de "oficial".

Ruiz-Gallardón anunció ayer a los estafados que se pondrá en contacto con responsables del Ayuntamiento para coordinarse en la búsqueda de una solución. Después, según señalaron miembros de la asociación, representantes del Gobierno regional volverán a recibir a los estafados.

El concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, ya ha recibido los datos personales de 600 afectados. Con esta información, el Ayuntamiento determinará quiénes serán los beneficiarios de la ayuda municipal, que pasa por la venta de una parcela de suelo público para los estafados con rentas más bajas. "Los datos que tenemos son muy útiles para estudiar el perfil socioeconómico de cada afectado", señaló Herráez. Cinco empleados del área de Servicios Sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) estudiarán todos los casos.

Los abogados de los perjudicados presentaron ayer un "escrito de amparo" ante el Colegio de Abogados de Madrid, por considerar que están siendo fruto de una "desventaja procesal" por parte de Coro Monreal Huerta, juez de instrucción número 34 de Madrid, informa Ángel Zafra. Los letrados han explicado al colegio que la juez no les da traslado de los escritos que las defensas de los acusados presentan en el juzgado. "Está tomando decisiones judiciales importantes; por ejemplo, la relativa a la posible libertad de los imputados, o a las pruebas solicitadas por las defensas de éstos, sin que las acusaciones particulares podamos pronunciarnos sobre éstas cuestiones, como está previsto en la ley", explicó el abogado Jesús Mandri.