Los estudiantes expulsados de la Hispalense solicitarán la suspensión de la sanción impuesta por el rector

Los estudiantes expulsados durante cinco años de la Universidad de Sevilla por su participación en el asalto al rectorado de la Hispalense el pasado 8 de febrero tienen previsto solicitar la suspensión cautelar de la sanción de expulsión que le ha impuesto el rector de Sevilla, Miguel Florencio. Esta solicitud de suspensión del castigo formará parte del recurso que por la vía de lo contencioso administrativo piensan interponer contra la resolución de expulsión adoptada por Florencio, que los abogados de los estudiantes consideran que no se ajusta a derecho.

De prosperar esta petición, se podría dar la paradoja de que los cinco estudiantes pudiesen concluir sus estudios en la Hispalense a pesar de que, según explicó Florencio, el "espíritu" de la sanción impuesta pretende, precisamente, evitar que esto se produzca hasta que haya pasado el tiempo suficiente para que se renueve el alumnado.

Si el juez decide aplicar la suspensión cautelar de la sanción -que además de los cinco años de expulsión a partir del curso 2002-2003 llevaba aparejada la suspensión de los derechos de matrícula del pasado curso-, los cinco expulsados estarían habilitados para volver a matricularse en cualquier centro de la Hispalense el próximo curso. Esto facilitaría que los cinco expulsados -María de la Luz Domínguez, Ricardo Martín, Juan José García, Manuel Bernabé y Adán Valenzuela- concluyesen sus carreras, dado que dos de ellos preparan el doctorado y los otros tres se encuentran en el último curso de sus respectivas carreras. Si una vez concluido el proceso judicial el fallo no fuera favorable a lo que demandan los estudiantes, la situación no variaría, dado que éstos ya habrían concluido sus estudios y no podrían cumplir con esa sanción.

No obstante, el abogado de dos de los expulsados, Antonio Rodríguez, apuntó ayer que considera poco factible el que el juez admita la suspensión cautelar de la sanción. Los abogados de los estudiantes analizan en estos momentos la resolución del rector antes de presentar el recurso que, según indicó Rodríguez, podría basarse en que ésta no se ajusta a derecho al estar basada en una normativa de 1954, "que no sabemos si fue aprobada por el claustro de la Universidad de Sevilla".

Por su parte, los cinco estudinates expulsados denunciaron ayer que el rector hiciese pública su decisión antes de notificársela a los afectados, "pese a que esta resolución afecta de manera tan grave a nuestras vidas", explicaban en un comunicado.