Grecia, Reino Unido y Holanda se resisten a endurecer la normativa sobre petroleros

Los socios europeos de España parecen haber tomado buena nota del desastre del Prestige. Los ministros de Transporte de la Unión Europea, que se reúnen hoy y mañana en Bruselas, se disponen a aprobar medidas que van a suponer un exhaustivo control del tráfico marítimo, especialmente centrado en los viejos petroleros. Tres países, Grecia, Reino Unido y Holanda, con importantes intereses de comercio marítimo, se resisten a aceptar modificaciones en la normativa que supongan un endurecimiento de las condiciones impuestas actualmente a los barcos para navegar por aguas europeas.

Dinamarca, que ejerce la presidencia europea de turno, se ha convertido en importante impulsora del proyecto, que incluye la obligación de los prácticos de informar del mal estado del barco que piloten en tránsito, aunque no atraquen, por aguas territoriales de cualquier país de la UE.

Esta medida está relacionada con lo ocurrido el pasado 7 de noviembre, seis días antes del accidente del Prestige frente a las costas gallegas. Un piloto de barco danés se subió al petrolero cuando surcaba aguas danesas para orientar al capitan en la navegación por un camino marítimo muy complicado. Ya en el interior del barco, el piloto pudo apreciar carencias que cuestionaban la seguridad del barco. Pero no las comunicó a las autoridades danesas, que no pudieron hacer nada para evitar que el Prestige siguiera su ruta.

El borrador de conclusiones del próximo consejo de ministros de Transportes es, al menos oficialmente, tan contundente como la Comisión Europea y España deseaban, lo que en términos generales supone acelerar medidas pendientes de aplicar y dotarse de nuevos instrumentos para no dejar resquicio al tráfico marítimo con cargas peligrosas, en un intento de ampliar las medidas acordadas bilateralmente con Francia a toda la Unión.

Dura negociación

Fuentes diplomáticas y de la Comisión Europea aseguran que las negociaciones para sacar adelante el proyecto son duras y tormentosas. Grecia, Reino Unido y Holanda, países con importantes intereses en el comercio marítimo, son los más reticentes a aceptar controles tan exhaustivos y, de hecho, no se descarta que rechacen los puntos más conflictivos, como el de especificar la amplitud de la franja de 200 millas en la que se limitaría el tránsito de barcos cargados con sustancias peligrosas y la de aumentar hasta 1.000 millones de euros el fondo de indemnizaciones para víctimas de la contaminación por hidrocarburos establecido por las petroleras y que actualmente tiene un techo de 200 millones de dólares.

Las mismas fuentes consideran, sin embargo, que en el seno de la Unión Europea se ha generado una gran sensibilización por la seguridad marítima tras el accidente del Prestige, lo que sería decisivo para desbloquear una importante batería de medidas, algunas de las cuales habían sido rechazadas en consejos anteriores. Coincidiendo con la celebración de este consejo, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Walström, ha anunciado que mañana visitará Galicia junto al ministro español Jaume Matas.

Rastreo de buques peligrosos

Por otra parte, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que facilitará el rastreo de buques peligrosos por las aguas de la Unión Europea (UE), se reunió ayer por primera vez, a las dos semanas del hundimiento del Prestige. La agencia no dispone aún de sede por lo que tuvo que reunirse en locales dispuestos por la Comisión Europea. Su misión, delimitada en junio pasado, consiste en cruzar los datos de que dispongan los quince países miembros de la UE para evitar que se escapen a su control navíos que atentan contra la seguridad marítima.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, asistió a la primera reunión de la agencia de seguridad marítima y confió en que el trabajo de este organismo contribuya a "garantizar en toda la Unión Europea que en todos los puertos se llevan a cabo los controles necesarios".

Loyola de Palacio volvió a insistir ayer en la necesidad "de una vez por todas" de "clarificar todas las responsabilidades en la cadena" de hechos que condujeron a la catástrofe del Prestige y abogó por la tipificación penal de este tipo de sucesos.

La representación española ante la UE trasladó a los otros Estados miembros documentación sobre los hechos relacionados con el naufragio del Prestige, los medios utilizados, las medidas aprobadas desde entonces y la respuesta dada por las autoridades para luchar contra la marea negra.