_
_
_
_
_

El juez incoa diligencias por una querella contra el presidente de Telefónica

El titular del juzgado de instrucción número 32, Juan Luis Rodríguez Pons, dictó el pasado lunes, día 2 de diciembre, un auto por el cual incoa diligencias previas a raíz de una querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra César Alierta, ex presidente de Tabacalera y actual presidente de Telefónica, y otras tres personas.

La querella acusa a Alierta, a su esposa Ana Cristina Placer y a su sobrino Luis Javier Placer por el presunto uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera durante 1997 y 1998, operación en la que habría obtenido a través de sociedades interpuestas, según la querella, un beneficio de 309 millones de pesetas. También imputa un delito de prevaricación de funcionario público a Antonio Alonso Ureba, jefe de la asesoría jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la actualidad secretario del consejo de Telefónica.

Más información
Los votos de PP y CiU logran evitar la comparecencia de Alierta en el Congreso

La CNMV abrió un expediente para investigar los hechos, pero posteriormente decidió archivarlo sin adoptar sanciones. Cuando Alierta pasó a ocupar la presidencia de Telefónica, Alonso Ureba fue nombrado secretario del consejo de administración de Telefónica.

El juez ha ordenado pasar la querella al fiscal de Madrid para que informe en el plazo de cinco días sobre dos temas: competencia y admisión a trámite de la misma. Además, ordena que se remita testimonio de la citada querella a la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción tomó la iniciativa, el pasado jueves 14 de noviembre de enviar al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, el texto de una querella por uso de información privilegiada, delito castigado con un máximo de seis años de prisión y multa, según el artículo 285 del Código Penal. La citada fiscalía investigó los hechos, con autorización del fiscal general, durante diez meses (ver EL PAÍS del viernes 15 de noviembre).

Cardenal, después de solicitar informes a su Secretaría Técnica, ha decidido estudiar personalmente el caso, sin plazos.

Petición de Anticorrupción

La querella presentada por AUGE en los juzgados de Madrid resume los hechos planteados por la Fiscalía Anticorrupción. Al conocer que se había presentado la citada querella, la Fiscalía Anticorrupción se dirigió al juzgado 32 para que le remita testimonio de la misma, cosa que el juez Rodríguez Pons ordenó el pasado lunes en su auto.

La Fiscalía de Madrid deberá informar al juez sobre la competencia y si cabe admitir a trámite la querella. El juez adoptará después su posición. En caso de que el juez admita a trámite la querella, Anticorrupción debería, según el artículo 785 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, informar al fiscal general del Estado de que se ha abierto el procedimiento para enviar todo el material obtenido durante sus investigaciones al juez Rodríguez Pons a fin de que se una a la causa.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_