Luxemburgo, Bélgica y Austria se niegan a levantar el secreto bancario antes que Suiza
La UE presiona a las autoridades helvéticas para que faciliten el intercambio de información
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE fueron incapaces de alcanzar ayer un acuerdo para aprobar la directiva sobre fiscalidad en el ahorro, que prevé acabar con el secreto bancario a más tardar en 2011. Luxemburgo, Bélgica y Austria se niegan a cerrar un compromiso mientras Suiza no se comprometa a adoptar medidas equivalentes a las europeas para luchar contra la evasión fiscal. Los Quince tampoco aprobaron la directiva para armonizar la fiscalidad en la energía. La presidencia danesa ha convocado una reunión extraordinaria del Ecofin para zanjar las dos cuestiones.
El problema que se le plantea a los Quince es doble, ya que por un lado el calendario aprieta y, por otro, está en juego su capacidad a la hora de armonizar sus políticas para luchar contra el fraude fiscal. Los líderes europeos acordaron en Feira (Portugal, junio de 2000) que el conocido como paquete fiscal debía estar cerrado antes de que acabara 2002. En el paquete se incluye, junto a la directiva sobre el tratamiento fiscal de las rentas del capital, otra sobre intereses y cánones y un código de conducta para las empresas. El objetivo es acabar con los regímenes fiscales dañinos para la competencia en el mercado interior.
Pero los dudosos avances conseguidos en las negociaciones lanzadas por la UE en junio con Suiza para que aplique reglas "equivalentes" a las europeas contra la evasión fiscal han provocado una importante división entre los Quince. Luxemburgo, Bélgica y Austria, los únicos países europeos que permiten el secreto bancario, dejaron ayer bien claro que mientras no haya un compromiso firme de las autoridades helvéticas ellos no firmarán ningún acuerdo.
Indefinición
La indefinición suiza puede llevar a que Andorra, San Marino, Mónaco o Liechtenstein se opongan también a las medidas. Con EE UU ese riesgo no existe porque ya contempla acuerdos bilaterales de intercambios de información fiscal con todos los países europeos, salvo con los que mantienen el secreto bancario. Y por si fuera poco, los Quince no ven ahora muy claro el régimen fiscal que pretende aplicar Reino Unido desde 2004 hasta 2011 en sus territorios de ultramar, como las Islas Caimán.
El problema mayor es que si no se supera a tiempo el escollo suizo se corre el riesgo de que el resto de las medidas del paquete fiscal no salgan adelante. Los ministros de Finanzas dieron ayer por eso un mandato urgente a la presidencia danesa y a la Comisión Europea para que "presionen" a Suiza de forma que acepte el sistema internacional de la OCDE de intercambio de información sobre depósitos bancarios de los no residentes.
Las reglas de la OCDE en este ámbito contemplan que el intercambio de información no se debe limitar exclusivamente a los casos penales, sino que abarcan también el derecho civil. La idea es que si Berna se compromete finalmente con la UE a aplicar el sistema internacional de información, Luxemburgo, Austria y Bélgica deberán renunciar al secreto bancario automáticamente. Hasta entonces, esos tres países deberán aplicar una retención en origen a las rentas de capital hasta 2011.
El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, afirmó que "la ausencia de claridad es total". "Somos conscientes de que el proceso es muy delicado y complejo", respondió el presidente de turno del Ecofin y ministro danés de Finanzas, Thor Pedersen. Pero el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, advirtió que "se ha llegado ya al límite de la flexibilidad" y que está en juego "el principio de credibilidad de la UE en su política de armonización fiscal".
Una crítica que se aplica también a la incapacidad de los ministros de Finanzas para cerrar acuerdo y armonizar los impuestos especiales que gravan a todos los combustibles y la electricidad. En la práctica, los Estados miembros podrán acogerse a un importante número de exclusiones o de reducciones para aliviar las cargas en sectores específicos como el transporte.
Los únicos que no se escaparán serán los particulares ni el pequeño comercio. Es precisamente esa cantidad de excepciones lo que preocupa a Alemania, a la que se sumó Francia.
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