Cultura advierte a los huelguistas de la ONE de que tomará medidas

"En caso de persistir en una huelga planteada en estos términos, este ministerio se verá obligado legalmente a tomar las medidas que jurídicamente le correspondan". Tal cual se expresa en una nota la secretaría de Estado de Cultura, que insiste en que la huelga de los músicos de la Orquesta Nacional de España constituye "un claro caso de abuso de derecho", en su primera reacción oficial tras las dos jornadas de paro llevadas a cabo el viernes y sábado pasados.

Además de las razones de la convocatoria -la lucha contra el real decreto aprobado el viernes, que cambia la estructura de la orquesta de funcionarial a laboral-, algunos sostienen que van a la huelga por ser éste el inicio de la privatización de la orquesta. Pero el Gobierno calma los ánimos: "La ONE sigue siendo pública a todos los efectos". E insisten: "Los actuales profesores funcionarios podrán seguir siéndolo, si así lo desean, hasta su jubilación".

En cuanto a que algunos músicos reclaman el pago de ciertas cantidades reconocidas por una sentencia recurrida ahora ante el Tribunal Supremo, esgrimen: "El ministerio ejecutará la sentencia en el momento en que deba hacerlo de acuerdo con la ley. Para ello ha solicitado un informe urgente a los servicios jurídicos del Estado".

Respecto al público afectado, los responsables de Cultura aseguran que se devolverá "íntegramente" el dinero de las localidades a quienes lo soliciten, e incluso los abonos de temporada a quien lo desee. Y concluyen: "El ministerio ha estado y está totalmente abierto al diálogo y a la negociación con los músicos".

El presidente del comité de huelga, Salvador Escrig, dijo ayer a la agencia Efe y a Europa Press que los músicos funcionarios que secundaron los paros "anhelamos sentarnos a negociar, pero desde mayo, cuando comenzó la polémica, no ahora", aseguró. Escrig, quien rechaza "rotundamente" que exista "abuso de derecho", como asegura Cultura, añadió que la huelga está convocada "conforme a ley" y aseguró que advertía en las palabras del comunicado un tono amenazante. "Y amenazar a alguien quequiere hacer una huelga es inconstitucional", advirtió.