Decenas de miles de manifestantes piden en Sevilla por tercera vez que se mantenga el subsidio agrario
Méndez y Fidalgo dicen que el conflicto sigue abierto y advierten al PP del desgaste electoral
El campo volvió ayer a hacer una demostración de fuerza en Sevilla. Por tercera vez en los últimos seis meses, UGT y CC OO habían convocado una manifestación contra la política laboral del Gobierno y, por tercera vez, podrán poner encima de la mesa de negociación un notable éxito de convocatoria, que reunió a 250.000 personas según sus cuentas (120.000 según la Delegación del Gobierno). Mientras en las dos primeras marchas, en junio, los sindicatos reclamaron la retirada total del decretazo de reforma de la protección por desempleo, ayer sus líderes, Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CC OO) exigieron que se elimine la desaparición paulatina del subsidio agrario, el único punto conflictivo que el Ejecutivo sostiene de su reforma.
Las dos primeras manifestaciones (el 9 de junio y el 20 de junio, día de la huelga general contra el decretazo) en Sevilla tenían un objetivo reivindicativo mucho más amplio, pero estaban impulsadas fundamentalmente por el rechazo que suscitó en el campo la intención del Gobierno de limitar el acceso al subsidio agrario, la única prestación por desempleo que cobran más de 300.000 jornaleros en Andalucía y Extremadura. Como prueba del protagonismo de los pueblos rurales, la marcha de ayer, sólo convocada para exigir la "restitución del subsidio agrario", ofreció unos números sólo algo inferiores a la concentración del 9 de junio, la más numerosa de las tres.
La manifestación de ayer, como las anteriores, acabó frente a la sede de la Delegación del Gobierno. Y, como en las anteriores, tras la pancarta sindical se juntaron representantes de todos los partidos políticos andaluces (María del Mar Moreno por el PSOE, Diego Valderas por IU, Alejandro Rojas Marcos por el PA y Pedro Pacheco por el PSA), salvo el PP, y al final de la marcha se concentraron unos 10.000 jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Decenas de autobuses aparcados en los alrededores del Parque de María Luisa y en el recinto ferial, provenientes de pueblos de las ocho provincias andaluzas y de las dos extremeñas, daban fe de la intensa implicación municipal en la movilización. "Estamos aquí porque esto es un atentado contra el campo andaluz", sentenció el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista José Moratalla.
"No estáis solos, éste es un objetivo justo, claro y conseguible", aseveró el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, quien indicó que el conflicto social que llevó a la huelga general del 20 de junio "no está cerrado" mientras no se restituya el subsidio agrario. Fidalgo auguró que el Gobierno cederá: "Saben que no pueden ir a ninguna elección con un conflicto abierto como éste, vendremos a celebrarlo una cuarta vez".
"El PP quiere abocar al pasado a Andalucía, quiere levantar el fantasma de la emigración", dijo ante los manifestantes el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien comenzó su parlamento dando su "apoyo público al pueblo de Galicia" por la marea negra que asola sus costas tras el hundimiento del Prestige. Méndez sostuvo que, con el decretazo, "el Gobierno del PP intentó una operación política bastante retorcida, que le ha salido mal". Según el dirigente sindical, el mantenimiento de la reforma del subsidio agrario se debe a que el Ejecutivo "quería enfrentar a la ciudad con el medio rural, a las otras comunidades con Andalucía y Extremadura".
La huelga, antes de la aceituna
Como en las dos marchas anteriores, las cifras que ofrecieron unos y otros fueron muy dispares. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía dijeron al principio que apenas había 20.000 personas, frente a las 200.000 que calculaban los sindicatos. La Policía Local rebajó la cifra hasta las 150.000, el mismo número que dio en la manifestación del 9 de junio, aunque a simple vista la asistencia parecía ligeramente inferior. Horas después, la Delegación del Gobierno daba su estimación oficial, 120.000, y los sindicatos corregían la suya al alza, hasta 250.000. Los manifestantes tardaron La Policía Local rebajó esta cifra hasta las 150.000, el mismo más de tres cuartos de hora en recorrer la avenida de la República Argentina, de unos 50 metros de anchura y un kilómetro de longitud. Los secretarios de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, dejaron claro cuál será el próximo paso, si el Gobierno no rectifica. "Habrá huelga en el medio rural más pronto que tarde", dijo Ruiz. "Será cuando nos pongamos de acuerdo con los municipios, pero antes de [recoger] la aceituna, seguro", precisó Pastrana. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha indicado su disposición a solucionar el conflicto antes de fin de año, aunque para eso tendrá que recurrir a un nuevo decreto. Desde junio, el Gobierno impide que nuevos jornaleros cobren el subsidio agrario (330 euros mensuales seis meses) y los obliga a cotizar por un nuevo sistema que les exige 360 días de cotización para cobrar tres meses.
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