Los alcaldes validan por unanimidad la creación de un operador de telecomunicaciones de capital mixto

Cataluña no puede quedarse sin una red de telecomunicaciones alternativa a la de Telefónica. Con esta prioridad en mente, la asamblea general del consorcio de ayuntamientos Localret dio ayer luz verde a la propuesta de su presidente, Jordi Valls, consistente en crear un órgano de gestión público, con participación de promotores privados, que desarrolle una red de cable que conecte los 6.249 organismos locales de los 941 ayuntamientos catalanes en tres años. Se trataría de un operador público con una licencia que le permitiera alquilar la infraestructura a cualquier operador.

El coste de este proyecto se calcula en 420 millones de euros, pero puede ser mucho menor si Localret logra llevar adelante sus planes de implicar a las empresas de servicios que hoy poseen una importante red de fibra óptica para sus propias necesidades y que en ocasiones rentabilizan alquilándola a otras empresas. Es el caso de ACESA Infraestructuras, Gas Natural, Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat.

El presidente de Localret, Jordi Valls, explicó ayer a los alcaldes representados en el consorcio que no debe dejarse al margen de la estrategia a las empresas privadas, cuyas infrestructuras se podrían aprovechar a cambio de que entrasen en la participación accionarial del organismo propuesto.

Este nuevo organismo "tiene que estar abierto a que operadoras de servicios que actualmente están cableando el país se puedan incorporar, con la voluntad de que se cree una red pública a disposición del sector privado".

Todavía no ha habido contactos oficiales entre los representantes de Localret y los de estas empresas para explorar un posible acuerdo.

Valls precisó que el organismo se crearía con capital de la Generalitat y del Gobierno central, así como con aportaciones locales y, a ser posible, con subvenciones de la Unión Europea, que hasta ahora no ha destinado fondos comunitarios a modernizar las infraestructuras de telecomunicaciones.

El presidente del consorcio destacó que si se quiere "garantizar" que las telecomunicaciones sirvan para equilibrar el territorio, es precisa una "mayor inversión pública".

Jordi Valls declaró que es necesario que el sector público no se limite a regular la red, sino que invierta e intervenga en ella, y añadió que "la Administración no tiene que prestar servicios, sino poner a disposición de las empresas de servicios una red alternativa a la de Telefónica".

Según Valls, el proceso de liberación del sector de las telecomunicaciones en España presenta "un grado de debilidad notable, ya que se ha dejado en manos del mercado la posibilidad de evitar la fractura digital en el ámbito territorial".

Localret considera que debe realizarse un despliegue equilibrado de las redes de telecomunicaciones para "permitir el desarrollo de una sociedad de la información cohesionada social y territorialmente, y para evitar nuevas situaciones de marginación territorial".

"Las operadoras de cable", indicó Valls, también alcalde de Manresa, "van allí donde hay un mercado y esto significa que el mercado únicamente dará respuesta a las necesidades de cableado del país en los ámbitos territoriales demográficamente más potentes".

Telefónica ha conectado con tecnología ADSL, que permite el acceso a Internet a gran velocidad pero que se basa en los pares de cobre tradicionales del teléfono en el último tramo, el 90% de los municipios. Auna Cable ha conectado con banda ancha 12 municipios en Cataluña, cifra que en el caso de Jazztel se sitúa en 35, y en el de al-pi, en 25. Colt Telecom lleva 12, y British Telecom, las capitales de las cuatro provincias catalanas.