El dueño de las academias Brighton no acude al juzgado a declarar por estafa
La juez decidirá si le cita de nuevo u ordena a la policía que le busque
El administrador de las academias de idiomas Brighton, Alfredo Ibáñez Nicolás, no compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona para declarar como imputado por un supuesto delito de estafa. Más de 200 perjudicados por el cierre de los centros académicos han presentado contra él dos denuncias por clausurar sus instalaciones sin avisar a los alumnos y después de instar la quiebra de la empresa.
El número de alumnos perjudicados por el cierre de las academias Brighton ronda los 4.000 y el montante total de la defraudación podría ascender a tres millones de euros, según las cifras barajadas por los afectados. Alfredo Ibáñez Nicolás era el administrador único de la sociedad Acces Language, que giraba con el nombre comercial de Brighton 15 Idiomas. Este empresario cerró las academias el pasado 28 de octubre sin previo aviso y hasta esa fecha había seguido contratando cursos con los alumnos que lo deseasen.
Tras el cierre se supo que hacía meses que había dejado de pagar los alquileres de los locales, que tenía demandas de desahucio y que debía a la Seguridad Social un millón de euros y cientos de miles de euros a Hacienda. En las academias trabajaban unas 200 personas, entre profesores y no docentes. En las semanas previas al cierre, los centros realizaron una rebaja en el importe de los cursos de idiomas para captar la máxima cantidad de clientes.
Un grupo de perjudicados le denunció y el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona le había citado a declarar ayer como imputado por un delito de estafa y apropiación indebida. Ibáñez no acudió ayer y un procurador de tribunales presentó en el juzgado un documento de los que emplean los médicos para recetar a su paciente algún medicamento, que no un certificado oficial, en el que le recomendaba reposo.
Ahora la magistrada Elena Carasol deberá decidir si vuelve a citar a Ibáñez para dentro de unos días o si ordena a la policía que le detenga para asegurarse de que acudirá a la próxima citación. En su demanda, los perjudicados pedían a la juez que el día en que Ibáñez acudiese a declarar se acordase su ingreso en prisión. Los afectados que han denunciado ante la policía o el juzgado superan los 700. Asimismo los perjudicados solicitaban de la juez el embargo de todas las cuenta de Ibáñez y de todas las propiedades que tenga, y que se acumule en el Juzgado de Instrucción número 25 otra denuncia de otro grupo de perjudicados.
