El nacionalismo ¿es pecado?

Habrá que reconocer que, en este país, la de obispo se está conviertiendo en una profesión de riesgo. Por una parte, los mitrados deben encajar las críticas de la izquierda y de la opinión progresista -críticas que ellos exageran hasta elevarlas al grado de persecución martirial- ante la política inversora especulativa de ciertas diócesis o respecto de los criterios de nombramiento y cese de profesores de religión. Por otra, tienen que sufrir los ataques de la derecha gubernamental y de la reacción periodística cada vez que no se muestran lo bastante sumisos y colaboradores en el gran objetivo de la presente etapa histórica: el fortalecimiento de España. Recuérdense los indignados comentarios ante la negativa del episcopado a adherirse, en febrero de 2001, al pacto antiterrorista PP-PSOE, o las aún más feroces diatribas que mereció, a finales de mayo pasado, la pastoral de los obispos vascos titulada Preparar la paz.

Pues bien, tal parece que, visto lo que iba cayendo, la Conferencia Episcopal Española ha decidido suscribir una buena póliza de seguros contra los pedriscos que más daño le pueden causar: los que se forman sobre La Moncloa. Así cabe interpretar la "instrucción pastoral" aprobada con fórceps el pasado viernes, que, bajo el ambicioso título de Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, viene a ser además aquella réplica que el Gobierno de Aznar tanto reclamó a la pastoral vasca antes aludida.

En el extenso documento ahora aprobado sin unanimidad, la cúpula eclesiástica trata de cazar varios pájaros de un tiro. Por una parte, está la obvia, la irrefutable condena del terrorismo, que los obispos reiteran desde la moral cristiana, con lujo de referencias doctrinales y citas de la Escritura, pero que podría hacerse igualmente y con el mismo valor desde una ética laica, basada en los principios del humanismo y de la democracia. En segundo lugar, la Conferencia barre también para casa y aprovecha la ocasión para ajustar algunas cuentas. ¿Ejemplos? La identificación que el texto hace -por tres veces- entre ETA y el marxismo revolucionario, tal vez como réplica a aquel insistente mensaje mediático que señala seminarios y conventos como cunas del grupo terrorista. O bien el uso, para reprobar a éste, del concepto de "cultura de la muerte", que Juan Pablo II puso en circulación contra el derecho al aborto; he ahí un asa a la que, sin duda, los obispos cuentan agarrarse en el futuro... Y luego hallamos los deseos de gustar políticamente al poder, de acomodarse a la supuesta opinión dominante, que son los que han suscitado el grueso de la polémica.

Contra lo que ésta haya podido hacer creer, tales deseos impregnan mucho más que el capítulo quinto de la "instrucción pastoral". Ya desde los primeros folios, cuando en modo descriptivo se afirma que "las acciones terroristas no se refieren sólo a un acto o a algunas acciones aisladas, sino a toda una compleja estrategia puesta al servicio de un fin ideológico", cuando se prohíbe el silencio y se conmina a todos a expresar "el rechazo y la condena del terrorismo", cuando se asevera que "quien, rechazando la actuación terrorista, quisiera servirse del fenómeno del terrorismo para sus intereses políticos cometería una gravísima inmoralidad", a uno le cuesta discernir si lo que está leyendo es un documento episcopal, un auto del juez Garzón, un discurso de Jaime Mayor Oreja o una glosa de la Ley de Partidos Políticos. ¿Y cómo extrañarse de que el PNV reaccione a la condena del "nacionalismo totalitario" si el entorno intelectual del PP lleva años comparando al partido de Arzalluz con el partido de Hitler?

Ya metidos en harina jurídico-política, los pastores de la grey católica se enfrascan en curiosos distingos entre la "soberanía espiritual" y la "soberanía política" -que a veces van a la par y a veces no-, minimizan el derecho de autodeterminación de las naciones, constriñéndolo a los casos "de una colonización o de una invasión injusta (sic), pero no en el de una secesión", y después de considerar que no es moral "cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado", concluyen en tono apologético que hoy cuestionar la soberanía de España o pretender cambios unilaterales en su Constitución resulta "inadmisible".

La lectura atenta del documento episcopal suscita dos consideraciones inmediatas: una, que esto de la doctrina eclesiástico-pontificia acerca del derecho a la autodeterminación y a la secesión debe de ir por barrios, pues es público y notorio que en casos como el de Croacia, el de Eslovenia, el de Timor Oriental y el de Irlanda ni la posición del Vaticano ni la de los prelados locales ha sido la que sus hermanos españoles nos quieren vender ahora; la otra, que el bueno del cardenal Rouco Varela no va a figurar -me temo- junto a Herder, Ernest Renan, Otto Bauer y Max Weber entre los grandes teóricos del hecho nacional contemporáneo. En fin, no se puede tener todo...

Más allá de estas obviedades, lo peor de la "instrucción pastoral" es su perfecta inutilidad: si no ha convencido siquiera a los 15 obispos de sensibilidad periférica que, habiendo participado en el debate, se negaron a votarla favorablemente, ¿cómo va a modificar las ideas de ningún creyente de base? De hecho, la división episcopal ante el texto reprodujo exactamente el mapa político español actual: sí unánime allí donde ganan el PP y el PSOE, rechazo muy mayoritario en Euskadi y Cataluña, y minoritario en Galicia; una foto fija. En cuanto a Aznar, sin duda ha apreciado el gesto, pero le habrá sabido a poco; él sueña con una Iglesia patriótico-constitucional que sea el brazo moral y religioso del mismo proyecto del que la FAES va a ser el brazo intelectual, que declare pecado mortal cualquier nacionalismo excepto el español. ¡Ah!, y si además esos solícitos obispos quisieran recibirle bajo palio...

Joan B. Culla i Clarà es profesor de Historia Contemporánea de la UAB.