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Viera plantea a los agentes sociales un plan contra los accidentes laborales

Los contratos públicos primarán a las empresas sin siniestros

El consejero de Empleo, José Antonio Viera, expuso ayer las líneas generales del plan de prevención de riesgos laborales que la Junta quiere empezar a aplicar a partir del próximo año. El plan, con un presupuesto inicial de 66 millones de euros hasta 2008, pretende desarrollar varias de las medidas acordadas en el V Acuerdo de Concertación Social, firmado hace casi año y medio. Ahora la Consejería de Empleo empezará a negociar con los agentes sociales para lograr su respaldo en los próximos meses.

Las elevadas cifras de siniestralidad laboral constituyen una de los rasgos más negativos de las economías andaluza y española, que encabezan la estadística comunitaria de accidentes mortales en el trabajo. La prevención fue uno de los temas centrales en el V Acuerdo de Concertación social, firmado por la Junta y los agentes sociales, pero las diferencias entre sindicatos y patronal han ralentizado el desarrollo de este aspecto de la concertación, como refleja el retraso en la creación del Instituto Andaluz de Prevención.

Viera aprovechó ayer la celebración en Benalmádena (Málaga) del V Congreso Andaluz de Seguridad en el Trabajo para lanzar una propuesta de plan global, con 134 medidas, con el objetivo de ponerlo en marcha antes de la próxima primavera y acelerar la negociación con los agentes sociales.

El plan, que acarreará numerosos cambios legislativos, prevé la introducción de asignaturas sobre prevención de riesgos laborales en todos los niveles educativos. Tal y como anunció Viera hace un mes, se incluye la colaboración de la policía local, que controlaría el cumplimiento de las medidas de prevención en las empresas de su municipio. También se creará un grupo especial en la Policia Autonómica. Además, Empleo financiará dos líneas 900 que permitirán comunicar por teléfono a la Inspección de Trabajo los incumplimientos de las empresas.

Los Ayuntamientos, según el plan autonómico, tendrán un papel preferente en el seguimiento de programas de prevención para las empresas con riesgos específicos (amianto, uso de electricidad, construcciones elevadas, zanjas). Y se darán subvenciones a las pymes para que desarrollen planes de prevención y contraten técnicos especializados.

La Junta también estudiará la viabilidad jurídica de un cuerpo de inspectores autonómicos, aunque ahora las competencias están reservadas al Ministerio de Trabajo. Sí se quiere generalizar la figura de visitantes-asesores, que ya funciona en el sector de la construcción, y crear una Fundación que centre las investigaciones sobre prevención y se financie con las sanciones impuestas a empresas por incumplimientos legales en esta materia. Viera aseguró que, en los concursos públicos, se premiará a las empresas que lleven a cabo una política preventiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de noviembre de 2002