Chaves pide a Aznar una explicación "coherente" en el Congreso sobre los incidentes en Málaga

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, pidió ayer al Gobierno una explicación "coherente" en el Parlamento sobre la carga policial, "con cierta dureza", contra la marcha de jornaleros en defensa del subsidio agrario que se celebró el martes en Málaga, coincidiendo con la cumbre hispano-francesa. Chaves dijo que la responsabilidad de este tipo de incidentes "recae en aquéllos que prohíben las manifestaciones o en aquéllos que dan las órdenes para que se cargue" en una movilización. Las protestas continuaron ayer con el encierro de sindicalistas y políticos en las sedes del Inem.

Chaves opinó que lo sucedido el martes "podría haberse evitado" si los trabajadores del campo y sindicatos "hubieran visto por parte del Gobierno que se están tomando iniciativas en el camino de buscar una solución a la eliminación del subsidio agrario y del PER". Como ejemplo, el presidente citó "una respuesta positiva" a la petición de los presidentes andaluz y extremeño de celebrar una reunión "en la cual el Gobierno puediera escuchar o tener en cuenta los puntos de vista de las dos instituciones".

Por su parte, el PSOE solicitó ayer en el Congreso la comparencia del ministro del Interior, Ángel Acebes, para que explique las razones de la retención de 70 autobuses que pretendía llevar a Málaga a jornaleros para participar en la protesta. La secretaria provincial del partido, Marisa Bustinduy, sostuvo que esa retención ha arrojado "sombras de dudas sobre la consolidación de los derechos constitucionales". Bustinduy, que calificó la retención de autobuses como "secuestro", criticó además que Málaga se convirtiera en una ciudad "sitiada", con un dispositivo de seguridad superior a los diseñados para las visitas del Rey o del Príncipe. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, restó validez a estas críticas: "Bustinduy no sabe cómo se organiza un dispositivo; sobre todo en un país que sufre la lacra del terrorismo y la amenaza latente del terrorismo islámico".

Por otro lado dirigentes sindicales, cargos públicos y representantes políticos del PSOE, IU y PA encabezaron ayer los encierros y concentraciones convocados en las sedes provinciales del Inem de Andalucía por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para demandar la restitución del subsidio agrario. En Sevilla, unos 60 representantes municipales y sindicales, entre ellos alcaldes y concejales del PSOE, IU y PA, se encerraron durante tres horas en la sede central del Inem.

El presidente de la FAMP y alcalde de Granada, José Moratalla, encabezó el encierro protagonizado en la oficina central del Inem de Granada. En Jaén, fueron unas 80 personas; en Cádiz capital, un grupo de una veintena dirigentes de CC OO y UGT; en Málaga, unas 40 personas, entre ellos 16 alcaldes del PSOE, concejales y dirigentes de CC OO y UGT. En Algeciras, medio centenar de representantes sindicales y políticos de la zona, el mismo número que en Córdoba, en donde la alcaldesa, Rosa Aguilar encabezó la protesta.

Frente a estas movilizaciones, la respuesta del Ejecutivo llegó de parte del secretario general de Empleo, Juan Chozas, quien explicó en Barcelona que la Ley que reforma el sistema de paro verá la luz la próxima semana o la siguiente y no introducirá nuevas reformas que afecten al subsidio agrario o al PER. Según señaló, por el momento "se ha de avanzar y no habrá más modificaciones que afecten al PER", pero esto "no significa que no sigamos negociando con los sindicatos".

Tras la protesta de ayer, la FAMP convocará un encierro de alcaldes y concejales en los ayuntamientos si el Gobierno no rectifica, lo que se uniría a la convocatoria de huelga general en el medio rural que realicen los sindicatos en Andalucía y Extremadura.

Por otro lado, el consejo de administración de RTVA, celebrado en Almería, rechazó, con los votos de PSOE, PA a IU, una propuesta de los consejeros del PP para la supresión de la campaña de publicidad sobre el PER y el subsidio agrario que emiten Canal Sur Radio y Televisión.

En un comunicado, los consejeros del PP consideran que esta campaña de la Junta tiene carácter "político" y recuerdan que las Normas Reguladoras de la Emisión de Publicidad en Canal Sur "prohíben, expresamente, la publicidad política".