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Suiza rechaza por escaso margen un recorte del derecho de asilo

Los ciudadanos suizos rechazaron ayer, por un margen muy estrecho, una iniciativa del derechista Partido Popular Suizo que restringía radicalmente el derecho de asilo, con el objetivo de evitar la inserción de los refugiados en la vida laboral del país y a limitarles las prestaciones sociales.

La iniciativa fue rechazada por un apretado 50,1% de los votos. Aunque votó a favor la mayoría de los 26 cantones de Suiza (sobre todo los de lengua alemana del centro y del este del país), para que hubiese prosperado se necesitaba la doble mayoría de ciudadanos y cantones.

La propuesta hubiese obligado, de hecho, a las autoridades a desestimar prácticamente al 95% de las solicitudes de asilo presentadas y hubiera provocado fuertes tensiones con los países vecinos, según el Gobierno, que, como el Parlamento, había pedido el voto en contra de los ciudadanos.

La iniciativa popular "contra los abusos del derecho de asilo", la tercera de este tipo tras las de 1996 y 2000, ambas también rechazadas, habría obligado a Suiza, depositaria de las convenciones de Ginebra sobre el derecho de asilo, a desestimar cualquier solicitud de una persona que hubiese pasado antes por otro país considerado como seguro. Las autoridades no habrían podido siquiera pasar a considerar si la petición del refugiado estaba o no justificada por la situación política en su patria si ése hubiese atravesado para llegar a Suiza cualquiera de los países limítrofes, considerados todos como seguros.

El Gobierno consideraba la iniciativa como irrealizable y una segura fuente de tensión con los países vecinos de haberse aplicado, ya que la expulsión del refugiado llegado a través de uno de ellos requeriría que el Estado en cuestión estuviese dispuesto a su readmisión.

En cambio, el Gobierno federal ha propuesto al Parlamento una revisión de la actual ley de asilo según la cual una solicitud puede ser rechazada siempre que se demuestre que el refugiado ha residido antes en otro país seguro y con el consentimiento de sus autoridades, que tendrían que acogerlo de nuevo.

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