Una política alternativa

"El uso de códigos abiertos podría fomentar la competencia. No habrá otro contrato con Microsoft Noruega". El Gobierno nórdico ha dejado de comprar a Microsoft. Otros, como China o Francia, lo han hecho en determinadas áreas, y al menos seis comunidades autónomas españolas están estudiándolo. Las empresas de este sector piden algo más simple: que no se discrimine el software libre en la Administración, donde en ocasiones se exigen sistemas Windows. Microsoft pide lo mismo, pero al revés: elegir el mejor software, aunque sea comercial.

Las administraciones buscan ahorrar costes, intercambiar datos y programas y 'alimentar' una industria nacional de 'software'

Seis comunidades autónomas españolas están, en este momento, estudiando las implantaciones de soluciones 'abiertas'

La apuesta política por los sistemas abiertos está siendo debatida en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, pasando por la UE o América Latina. "La Administración es el sector que más dispuesto está a escuchar cuando hablamos de Linux", explica Cécile Eguizábal, de Sun Ibérica. ¿Por qué ese interés?

Hay un lado práctico: el dinero que se ahorraría el erario público si no compra software comercial. La asociación Hispalinux asegura que el Estado español "podría ahorrar más de 300 millones de euros", una cifra "inflada", según Microsoft, que asegura que sólo factura 30 millones de euros a la Administración española -His-palinux aclara que sus cifras incluyen las licencias de todas las empresas-. El Ministerio de Administraciones Públicas o el Consejo de Seguridad Nuclear han optado ya por estas soluciones. Seis comunidades autónomas, explican diversas fuentes, están estudiando hacerlo.

No es sólo una cuestión de ahorro. "En los años ochenta, el CSI [Consejo Superior de Infor-mática] formuló una política basada en estándares abiertos", explica Víctor Izquierdo, subdirector general de Empresas de la Sociedad de la Información. "Entonces sólo se pensaba en el hardware [equipos]. El próximo paso es el software", explica. Se trata de que los Estados no dependan de la tecnología de determinadas empresas que trabajan con códigos cerrados, algo que preocupa especialmente a departamentos relacionados con la seguridad. Se trata, además, de que las administraciones puedan compartir datos, servicios y programas. Según un estudio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las dos principales razones para utilizar software abierto en las administraciones de la UE son interoperabilidad y seguridad. Microsoft destaca que, en todo caso, el código de sus programas está disponible para los Gobiernos que quieran acceder a él.

Una tercera pata del interés de las administraciones se centra en la posibilidad de crear una industria del software. Mientras el mercado comercial está abrumadoramente en manos de empresas de EE UU, algunas de la mayores iniciativas del software libre han salido de países como Checoslovaquia o México.

Las compañías de software libre están más preocupadas, en todo caso, por un problema práctico. Los concursos de la Administración exigen a menudo productos Windows, y las web de algunos servicios públicos son inaccesibles desde navegadores distintos al Explorer de Microsoft. "Nuestra aspiración es que en las compras públicas no se discrimine el software libre", explica Víctor Izquierdo.

Parlamentos de todo el mundo han dado un paso más, estudiando iniciativas de apoyo al software libre que, en el caso de España fueron rechazadas. Las asociaciones de software libre y Microsoft siguen reuniéndose con los partidos españoles para tratar de convencerles, unos, de que deben "discriminar positivamente" el software libre, y de que las administraciones tienen que ser "neutrales" a la tecnología, los otros.