España no irá tan bien por este camino

España tendrá serios problemas para ser económicamente competitiva a medio plazo. Entre la CEOE y el Foro Económico Mundial se han identificado varios factores de riesgo para el tejido empresarial del país. Caída de las exportaciones, inflación, falta de innovación tecnológica son ya problemas reconocidos a los deben añadirse la escasa independencia judicial, la extensa red de tráfico de influencias o la burocracia.

"Los impuestos indirectos han subido y está demostrado que este alza va ligada al incremento de costes y, por ende, de los precios"

"España va bien" y "Spain is different" son dos frases muy conocidas pero que han perdido fuerza. Ni el país va tan bien ni es tan diferente en el llamado mundo globalizado. Hay un gran riesgo de que la economía española, que crece por encima de la media de la UE en un momento de crisis, pierda impulso, competitividad a medio plazo. Hay unos cuantos datos que amenazan con socavar la competitividad española.

Las exportaciones retroceden, los impuestos indirectos elevan los precios y los costes más de lo aconsejable y la innovación tecnológica permanece relegada. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advierte de estos problemas, mientras que el Foro Económico Mundial describe una larga lista de desventajas competitivas del país en su informe de reciente aparición.

La CEOE, en su informe, analiza la competitividad de la economía española tanto desde las variables que la conforman (precios y costes, fiscalidad y entorno institucional, productividad y calidad) como de los resultados comprobables en la evolución de la cuota de mercado de las exportaciones, el saldo comercial y la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones.

Caída de las exportaciones

"La cuota de mercado de las exportaciones que llegó a alcanzar el 2% del total mundial en 1998 ha descendido en 2001 al 1,8%, rebasando en apenas una décima la situación de 1993", dice la Confederación. "Esta evolución en la cuota durante los últimos tres años se ha debido a la menor penetración de las exportaciones en países diferentes a los EE UU y los de la UE en lo que sí se ha mantenido la cuota", añade.

El Gobierno ha achacado la caída de las exportaciones al desplome del comercio mundial, que creció un 12% en 2000 y que apenas aumentará un 1% este año. El comercio exterior en la mayoría de los países de la UE retrocedió en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2001, pero de todas las caídas, la de España fue la mayor, un 6%.

La competitividad española rivaliza con sus socios europeos tanto en el mercado intracomunitario como en el externo. Pero, además, esa rivalidad que ahora es contra 14 países en dos años será contra 24.

Una importante consecuencia de la entrada de nuevos socios, es que España dejará de percibir importantes ayudas, por lo que su competitividad será aún más importante. La ampliación producirá un efecto estadístico de descenso de la renta per cápita media de la UE, que dejará a la mayor parte de España por encima de la misma, por lo que siete regiones dejarán de percibir importantes ayudas. "No debe olvidarse", destaca la patronal, "que los apoyos financieros de la UE explican, en alguna medida, el diferencial del crecimiento español con respecto a la media de la UE".

Pero ya en este momento, sin necesidad de esperar a sentir el impacto de la ampliación europea, España tiene serias deficiencias para competir en precios, en innovación tecnológica e incluso en lo que la CEOE ha denominado competitividad estructural, que es el entorno institucional dentro del que se mueven y desarrollan las empresas.

El país que venda más barato será el que más venda. Esta es la máxima de la competitividad en precios. Uno de los factores que la CEOE ha detectado como amenaza a este principio son la creación y subida de impuestos indirectos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002. Los gravámenes de estos impuestos, "en concreto los especiales, se aumentaron de forma generalizada y se creó un nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos con tramo estatal y autonómico para financiar las competencias de sanidad cedidas a las Comunidades Autónomas; además, se aumentaron las tasas existentes y se crearon otras tantas", señala la patronal.

"Todo ello", continúa la CEOE, "nos hace prever que, en 2002, la contribución de los costes tributarios a los costes unitarios se va a disparar, lo cual no es una buena noticia, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontrábamos en 2001. Está extensamente demostrado que la subida de los impuestos indirectos va inequívocamente ligada al incremento de los costes y, consecuentemente, de los precios", concluye. En consecuencia, el aumento de los impuestos indirectos, en gran parte para paliar la rebaja de los directos como el IRPF (hubo una en 1998 y se prevé otra en 2003), echa por tierra la máxima de precios baratos, mejor competitividad.

La cuestión de la innovación tecnológica es algo que la CEOE viene reclamando desde hace mucho tiempo y no sólo al Gobierno, sino también a las empresas, de las que se espera el mayor porcentaje de inversión en este campo. "El desfase tecnológico" y la falta de impulso de la Sociedad de la Información son considerados por la patronal como factores decisivos para la competitividad española, que deben corregirse "con acciones tendentes a recuperar la credibilidad perdida", facilitando "el despliegue de infraestructuras de comunicación" y mediante un plan similar al que se puso en marcha para la introducción del euro.

Convergencia tecnológica

La CEOE cifra en unos 15.025 millones de euros el aumento necesario de inversiones para alcanzar el nivel de la media comunitaria en un plazo de cuatro a seis años. Esas inversiones deben provenir, en su opinión, en un 80% del sector privado y en un 20% del público. Si no se realiza ese esfuerzo, la patronal asegura que España no alcanzará la convergencia tecnológica en 12 años.

A principios de este mes, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, reconoció que el plan Info XXI para el desarrollo tecnológico español no había cumplido sus objetivos. El plan presentado por Aznar en marzo de 2001 se concibió en "un momento de gran euforia", según el ministro, y se ejecutó en un momento de crisis económica. Después de reconocer el fracaso, Piqué anunció la recomposición del plan, que incluye la negociación de medidas con las empresas privadas para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en España.

Justamente en el tema de la innovación tecnológica es donde el informe de competitividad mundial de 2001 que publicó recientemente el Foro Económico Mundial hace mucho hincapié en la lista de desventajas competitivas de la economía española. España saca muy mala nota en la calidad de la competencia de los proveedores de Internet, en el grado de éxito del Gobierno en la promoción de las nuevas tenologías y en la labor de legislación sobre el tema. El Foro elabora desde 1979 el Informe sobre Competitividad Global a partir de estadísticas oficiales. Este año, además, ha preguntado a casi 5.000 directivos empresariales de todo el mundo sobre la situación de 80 países.

El estudio se centra en dos indicadores. Por un lado, el índice de crecimiento de competitividad (GCI), que mide la proyección del crecimiento en el plazo de cinco a ocho años y que depende fundamentalmente de la estabilidad macroeconómica. Con este indicador, la economía española quedó en el puesto número 22, y superó a otros de su entorno como Francia, Bélgica, o Italia. El GCI investiga el nivel de tecnología que posee el país, la eficacia de su Administración y sus reglas macroecónómicas (política fiscal y monetaria), para tratar el nivel de competitividad de cada país en el medio y largo plazo. Aquí, la tasa de interés, el acceso al crédito o las reservas bancarias líquidas, sitúan a la economía entre las primeras de los 80 países estudiados.

Por otro lado, el estudio se centra el índice de competitividad microeconómica (MICI por sus siglas en inglés), que mide la calidad del desarrollo empresarial actual, y que deja a España en el tercer peor puesto de la UE, sólo por delante de Portugal y Grecia (Luxemburgo no entra en el estudio). El MICI analiza dos variables principalmente: la eficiencia y productividad de las empresas y el entorno empresarial que las rodea. A este último punto, la CEOE lo denomina competitividad estructural.

La patronal, para destacar la importancia de este factor, cita a la OCDE: "La competitividad de las empresas no depende sólo de sí mismas, sino también de la interacción con las capacidades del entorno donde se desarrolla su actividad (...)". Dentro de los puntos estudiados por el Foro y que dejan a España en peor posición, están algunos referentes a ese entorno en el que se desarrolla la competitividad empresarial.

España, saca una pésima nota en independencia judicial, en el grado de favoritismo al que están sujetas las decisiones de la Administración, en los obstáculos regulatorios para los negocios o burocráticos, como es el número de días que un emprendedor necesita para poner en marcha un nuevo negocio. También destaca negativamente la precariedad laboral y el coste del terrorismo para las empresas o el crimen organizado.

Otra de desventajas más acusadas de España según el Foro, es la existencia de una extensa red de tráfico de influencia y de utilización de información privilegiada. Esta práctica no sólo rebaja la competitividad de las empresas sino que, además, echa por tierra todos los esfuerzos de liberalización que desde el Gobierno intentan imponerse a raíz de que en ciertos sectores, la información está a menudo en las mismas manos y ello obstaculiza la entrada de nuevos competidores.

Peter Cornelius, que encabezó el estudio del Foro, indica que aunque la medición no es perfecta, gracias a la incorporación de las encuestas se acerca mucho más a la radiografía de un país. Pero añade, por ejemplo, que les faltó medir algunos datos como, por ejemplo, el conocimiento de idiomas, donde España tampoco destaca positivamente.