Condenado un policía municipal por quedarse con 48 euros de una multa

Un policía municipal de Madrid, Ángel R. R., de 59 años, fue declarado culpable ayer por un jurado popular de un delito de malversación de fondos públicos. El veredicto considera probado que el agente se quedó con los 48 euros de una multa de tráfico que el infractor le pagó en el acto, pero le exime del delito de falsedad en documento público, del que estaba acusado.

Los hechos juzgados ocurrieron el 7 de diciembre de 1998, cuando el policía puso una sanción a Miguel Ángel H. C., que realizó un giro prohibido en la calle de Monforte de Lemos (Fuencarral). El sancionado pagó en el acto la denuncia, pero el agente, según el jurado, no ingresó el dinero en las arcas municipales. El fraude se descubrió gracias a que el conductor recurrió la sanción, por lo que los jefes del procesado, destinado en la zona norte, comprobaron que no existía tal denuncia en el registro municipal, según informa Europa Press. Cuatro días después de la primera denuncia, el inculpado rellenó otra denuncia en la que hizo constar los mismos datos que en la anterior, pero en esta ocasión cambió el número de la matrícula. La cuantía de la multa ascendía a 120 euros.

Rellenar el boletín

El jurado considera que no ha sido probado en el juicio que el policía rellenara el boletín de denuncia sin que realmente ocurrieran los hechos. Los jurados se mostraron favorables a que el agente disfrute de los beneficios de la remisión condicional de la pena que le sea impuesta, aunque manifestaron su deseo de que no solicite el indulto de la sentencia.

El fiscal pidió para el acusado diez meses de prisión y otros tanto de inhabilitación, multa de 810 euros y el pago de una indemnización de 48 euros al Ayuntamiento de Madrid. Su abogado defensor solicitó la suspensión de condena, ya que su defendido carece de antecedentes penales, y que le sea sustituida la pena por una multa.

El agente ya fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por este caso durante seis meses, entre marzo y septiembre de 1999. Esta suspensión es la máxima que recoge el reglamento interno de la policía, hasta que haya sentencia judicial. Además, en la última reestructuración del cuerpo ha sido destinado a otra zona de la capital.

En la ficha del agente, que ingresó en 1976, constan dos faltas graves y dos leves. Las dos leves le fueron impuestas en 1987 por causar desperfectos en las taquillas y en 1992 por actuar incorrectamente con los ciudadanos.

En este último caso ya fue sentenciado por la autoridad judicial. La Unidad de Asuntos Internos le impuso las sanciones graves en 1986 por ausencia injustificada del trabajo y en 1998 por queja de varios ciudadanos. Además tenía pendiente el caso de ayer.

Fuentes municipales señalaron que la malversación de fondos públicos podría acarrear una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años, si se considera falta grave. Si se eleva hasta muy grave, podría dar lugar a la expulsión del cuerpo.