CPV estaba en quiebra cuando captó 18 millones de anticipos de clientes en 1998
La empresa presentaba un descuadre patrimonial de 240.000 euros, según sus cuentas
En 1998, 1.200 familias madrileñas entregaron 18 millones de euros a CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas). Cuatro años después, tales clientes se convirtieron en estafados: no había pisos, ni suelo. CPV decía haberlo vendido para resarcirles. Pero las cuentas de CPV, cuya quiebra fue planteada días atrás, prueban que ya sufría igual crisis en 1998, cuando recaudó anticipos entre sus víctimas. Cerró ese año con un descuadre patrimonial de 240.000 euros. Sus últimas cuentas registradas (2001) sitúan su patrimonio real lejos de los 88 millones de euros que alegan sus dueños, ya que su pasivo, pleno de deudas, igualaba a su activo (46,5 millones). Por tanto, CPV valía cero euros.
CPV nació en 1997 con un exiguo capital de 4.126 euros. Ese año no registró ninguna actividad. Al año siguiente, sus cuentas sí dieron ya noticia de sus operaciones económicas. Ese año, con igual capital, tuvo unos ingresos de sólo 94.000 euros. Por contra, registró ya unas deudas de 1,4 millones de euros.
Sus apartados de " inmovilizado material" y de "existencias", en los que debía haber encajado el terreno supuestamente comprado para quienes le confiaron 18 millones de euros, sumaban un valor de apenas 186.000 euros. Es decir, o CPV compró muy barato o apenas adquirió terrenos.
En 1998, cuatro años antes de estallar el escándalo, la inmobiliaria CPV no sólo cerraba sus cuentas con unas pérdidas de 25.000 euros, sino que tales cifras suponían idéntico descuadre en sus fondos propios. Sus deudas (1,4 millones) superaban su activo (1,1 millones). Según diversos auditores consultados, la empresa estaba en quiebra. Y tenía dos salidas: o inyectar dinero en la empresa o liquidarla.
En 1999 su capital suscrito pasó de 4.126 euros a 187.000 euros. Su inmovilizado material se multiplicó por cinco, y pasó a situarse en 164.000 euros, y sus existencias crecieron a 11,6 millones. De esta manera, su activo se elevó a 30 millones de euros. Pero el pasivo, sobre todo las deudas, creció en igual proporción. Las deudas también sumaban 30 millones de euros. El valor de la empresa (el activo menos el pasivo) era cero. No obstante, saldó el ejercicio con unos beneficios de 183.000 euros, que destinó a compensar pérdidas.
Datos de 2001
La cuenta de 2001 de CPV es su última foto oficial. Su patrimonio no suma 88 millones, frente a lo que sostienen sus dueños. Su patrimonio suma cero. Porque cero es la resta de su pasivo a su activo. El activo valía 46,5 millones, y su pasivo eran otros 46,5 millones, en su inmensa mayoría deudas.
En su activo de 2001, más que el valor de supuestos bienes tangibles como los inmovilizados materiales (776.000 euros) o sus inmovilizaciones financieras (287.000 euros), destacan sus deudores diversos, que llegan a sumar 10,1 millones de euros. Esto, con vistas a exigir la devolución o embargo del dinero estafado, añade graves escollos.
Habría que esclarecer quiénes son tales deudores, por qué debían dinero a CPV, si dichas operaciones fueron reales, si eran deudas de empresas del grupo o relacionadas, y verificar el grado de solvencia de tales deudores. Por contra, en "existencias", capítulo donde CPV suele situar sus bienes inmuebles, su valor representa 33,3 millones, frente a unas deudas de 46 millones.
Éste era el valor, a diciembre de 2001, de la suma de edificios adquiridos, terrenos y solares, promociones en curso y anticipos de proveedores. Si se habla sólo de terrenos y solares, su valor era sólo de 15,6 millones de euros. Ese año -lejos de la idea manejada hoy de que CPV se quedó sin terrenos porque los vendió para devolver dinero a clientes- esta empresa hizo compras de suelo por valor de 9.9 millones de euros, si bien vendió terrenos por 8,2. Y se metió en nuevas promociones por 11,1 millones.
La pregunta es dónde hizo tales inversiones. CPV reparte hoy sus propiedades inmobiliarias entre Madrid, Alicante, Castellón, Guadalajara, Segovia y Toledo.
El capítulo de "existencias" ha tenido los siguientes saltos: 154.000 euros en 1998, once millones de euros en 1999; 19,9 millones en 2000; y 33,3 millones en 2001.
Pero las víctimas madrileñas de la inmobiliaria, con vistas a recuperar los anticipos entregados, deberán pelear tales bienes de esta empresa en quiebra, si aún éstos existen, con unos acreedores a los que CPV ya en 2001 debía el doble: 46 millones de euros.
El socio que llegó de los juzgados
CPV ha hecho negocios con un constructor que ha sido noticia en el capítulo de sucesos y de tratos de favor de administraciones públicas regidas por el PP: José Martínez Núñez. Este empresario fue investigado por el intento de asesinato del consejero de Obras de la Xunta de Galicia, José Cuiña, y por unos sabotajes contra sus competidores en Valladolid, casos en los que su abogado confía en su pronto archivo.CPV poseyó hasta octubre pasado el 39,9% del capital de Manucesa Promociones Inmobiliarias, cuyo vicepresidente, Jesús Ortega Roldán, figuraba en CPV como apoderado en septiembre pasado. El resto del capital de Manucesa recaía en Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, propiedad 100% de la familia Martínez Núñez. Responsables de Manucesa indican que el 25 de octubre pasado recompró a CPV sus acciones por 118.722 euros, lejos del valor acreditado en libros (250.000 euros). Añaden que CPV le solicitó de modo imperioso un préstamo por dicho importe para comprar un solar, a lo que se negaron, y le propusieron la recompra de sus acciones. Manucesa, que ha construido un edificio en San Sebastián de los Reyes, se constituyó en enero de 2000. En dicho año, invirtió en terrenos y promociones 4,1 millones de euros, mediante crédito hipotecario de 3,6 millones. CPV registró ese mismo año un crédito hipotecario similar.Martínez Núñez figura en un sumario judicial abierto en Ponferrada (León) para investigar una supuesta trama de extorsiones a empresarios de su competencia. A raíz de esta investigación fueron descubiertos indicios de una red que pretendía matar a Cuiña, consejero de Obras de la Xunta. Éste reveló que mantuvo un enfrentamiento con Martínez Núñez, quien le exigió recibir más proyectos de su consejería. Los datos oficiales no amparaban tal queja del constructor: el empresario leonés ha logrado 41 contratos del Gobierno de Fraga por importe de 43 millones de euros. Del Gobierno castellano-leonés, bajo mandato del PP, ha cosechado proyectos por 120 millones de euros. Pero Castilla y León no sólo le conoce por sus méritos empresariales. El Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid detalló en unas diligencias que Martínez Núñez presuntamente ordenó un sabotaje en 1999 en las oficinas de una competidora (la constructora Begar). Supuestamente contrató a unos detectives que, encapuchados, lanzaron botellas incendiarias y causaron daños por 600.000 euros. Dejaron tarjeta de visita: "Primer aviso".
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