La izquierda y el PP presionan para que el Parlament fuerce el relevo del síndico mayor

La petición de dimisión del máximo responsable de la Sindicatura de Cuentas, Marià Nicolàs, se convirtió ayer en un clamor en el Parlament. Todos los grupos, salvo el de Convergència i Unió (CiU), exigieron la renuncia del síndico mayor y se mostraron dispuestos a estudiar cualquier propuesta que precipite su salida, aunque el Parlament no dispone de mecanismos legales para intervenir. La oposición acusa a Nicolàs de paralizar la sindicatura para proteger a CiU.

Nicolàs está al frente del órgano fiscalizador de las administraciones públicas catalanas desde el pasado mes de mayo, cuando el Parlament, con los únicos votos de CiU, le impuso como síndico mayor para tratar de poner fin a la crisis que atravesaba la institución. Pero la elección, lejos de poner punto final al deterioro de la institucón -los síndicos no lograron elegir al síndico mayor pese a realizar casi 50 votaciones- ha acabado agravándola.

Todos los grupos parlamentarios, salvo CiU, exigieron públicamente ayer la salida de Nicolàs al considerar que mantiene la sindicatura al ralentí. La oposición en bloque se mostró partidaria de explorar las posiblidades de intervención del Parlament, que son muy limitadas a menos que los grupos pacten un cambio legislativo como hicieron antes del verano, precisamente para facilitar la elección de Nicolàs.

El síndico mayor ha tenido una intervención directa en dos de los informes encargados por el Parlament más sensibles para el Ejecutivo de CiU: el del caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos de formación de parados- y el de los contratos públicos de Europraxis, empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat. En ambos casos su actitud ha originado suspicacias.

Nicolàs tardó cuatro años en redactar el informe del caso Pallerols y la Cámara lo devolvió a la sindicatura al considerar que no investigaba suficientemente. El síndico se resistió después a ampliar el informe y sólo aceptó el encargo cuatro meses después, tras ser obligado en el pleno de la sindicatura.

Los problemas con el informe de Europraxis alcanzaron niveles grotescos: el trabajo, encargado antes del verano, todavía no se ha iniciado porque el síndico mayor ha tardado casi dos meses en autorizar la compra de los sellos necesarios para enviar las cartas a los ayuntamientos recabando información sobre los contratos con esta empresa.

Además, Nicolàs retiene sin enviar al Parlament más de 20 informes que la sindicatura aprobó en julio y se niega a ampliar el número de auditores, a pesar de que se lo exige el Parlament. Tradicionalmente, la sindicatura ha alegado escasez de medios para justificar el retraso en las entregas de sus trabajos.

La izquierda y el PP coincidieron ayer en señalar que la situación se ha vuelto insostenible y exigieron la dimisión inmediata de Nicolàs. Portavoces de todos los grupos la solicitaron pública y solemnemente, aunque nadie sabe cómo lograr que se haga efectiva: las posibilidades de intervención del Parlament en el funcionamiento de la sindicatura es muy limitada, precisamente para garantizar la independencia de este organismo. La destitución sólo podría plantearse si la mayoría de síndicos le expedientasen.

El PP sugirió la posibilidad de inhabilitar a Nicolàs, quien en principio debe comparecer ante la Cámara el 3 de diciembre. El presidente del grupo parlamentario del PP, Alberto Fernández Díaz, ha enviado una carta al presidente de la Cámara, Joan Rigol, pidiendo que los servicios jurídicos del Parlament estudien cómo revocar al síndico mayor.

Los portavoces parlamentarios del Partit dels Socialistes (PSC), Joaquim Nadal; Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, y el presidente del grupo de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Rafael Ribó, se mostraron dispuestos a apoyar cualquier medida que suponga la salida de Nicolàs y pidieron la intervención de Rigol. "Exploraremos todos los mecanismos parlamentarios", afirmó Nadal. "Apoyaremos cualquier iniciativa que suponga mover la silla a Nicolàs", agregó Huguet. Ribó acusó a Nicolàs de "subalternidad partidista ante los intereses oscuros" del Gobierno de CiU.

El portavoz del Ejecutivo catalán, Felip Puig, expresó "preocupación" por la situación que atraviesa la sindicatura, pero recordó que esta entidad depende del Parlament, por lo que descartó cualquier posibilidad de intervención. Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Ramon Camp, dijo que se trata de un problema "interno" de la sindicatura y rechazó que el Parlament intervenga.