Una discusión entre socios

Para los seis canónigos del Cabildo Catedralicio de Córdoba que forman parte del Consejo de Administración de Cajasur, la caja es "fundación de la Iglesia". Para el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Francisco Pulido, esta institución es tan fundadora de la caja como la Iglesia, y tiene perfecto derecho a decidir sobre su futuro. En concreto, en lo que toca a la Ley Financiera. Este desacuerdo, hecho público a través de comunicados sucesivos, dificulta el diálogo institucional que, según todos los implicados, debe dar salida al conflicto desatado después de que se conociese la póliza de 2,9 millones de euros que asegura la jubilación de Miguel Castillejo.

El Patronato Fundacional de Cajasur, que integran seis canónigos y preside el propio Castillejo, emitió una nota en la que se proclamaba "auténtico y único fundador de lo que es hoy Cajasur", y afirmaba que la presidencia de la caja "ha interpretado siempre correctamente la naturaleza de la singularidad de que goza". Esto es una respuesta directa a las declaraciones de Antonio Fernández Poyato (PSOE), vicepresidente de la caja en representación de la Diputación, que había asegurado que las palabras de Javier Martínez, Obispo de Córdoba, sobre la autonomía de los órganos de gobierno de Cajasur "terminaban con su singularidad".

La Diputación de Córdoba defiende su derecho a decidir sobre el futuro de la entidad

El documento que suscriben los seis canónigos reitera que Cajasur es fundación de la Iglesia, cosa que, dicen, se comprometen a vivir "no como un privilegio, que nunca ha sido, sino como forma concreta de servicio a la sociedad". Y reivindica la autonomía de los órganos de gobierno de Cajasur para decidir sobre la Ley Financiera; serán ellos, dicen, "los que tomarán las decisiones que crean más oportunas para la Iglesia y para Córdoba, sin admitir injerencias de ninguna otra instancia". Con esto contestan a José Mellado, presidente de la Gerencia de Urbanismo y candidato socialista a la alcaldía de Córdoba, que pedía al Obispado un esfuerzo destinado a evitar que Cajasur se adhiera a la Ley Financiera.

Los canónigos respondieron también a la alcaldesa Rosa Aguilar, que había solicitado "que Cajasur no se acoja a la Ley Financiera y, por lo tanto, no se vaya a Madrid el alma de la caja". Aun admirando ""la buena voluntad" de Aguilar, señala el comunicado, los canónigos se ven "obligados a sacarla de su error"; la caja nunca se irá de Córdoba, concluyen.

El presidente de la Diputación manifestó que tanto los estatutos de Cajasur como la Ley de Cajas de Andalucía sitúan a la institución provincial "al mismo nivel representativo que el Cabildo de la Catedral". La unión de ambas cajas (la fundada por la Iglesia y la fundada por la Diputación) se produjo a finales de 1994 y fue una fusión por absorción de la primera a la segunda.

La Ley Financiera, defendió Pulido, "que tanto gozo levanta en los canónigos, es un atentado a los derechos patrimoniales de la Diputación como entidad cofundadora". El presidente acusó al PP de hacer "encaje de bolillos" para "perfilar un texto que sólo se pudiese aplicar a Cajasur y trasladar así decisiones claves para el futuro de nuestra caja a Madrid".

Pulido ha lamentado que los canónigos que forman parte del Consejo de Administración de Cajasur "hayan tratado de frustrar el diálogo institucional" y también deploró la confusión que a su juicio han causado, porque este diálogo entre las instituciones fundadoras del caja es el único modo de sacar a la entidad "de la situación de tensión en que la ha sumergido una operación que la Junta de Andalucía ya ha declarado irregular".

Según el criterio del presidente de la Diputación cordobesa, la nota de los canónigos evidencia la falta de pensamiento unánime "y mucho menos coherente" en el seno de la Iglesia; Pulido añadió que la condición de vitalicios de los canónigos les hace pensar que la caja es una entidad privada, cuando se trata de "una caja pública de todos los cordobeses".