Enfrentamiento en la Audiencia Nacional por la querella contra Botín y Amusátegui

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, expresó ayer su malestar con la Fiscalía Anticorrupción y con la juez Teresa Palacios, que han marginado a su fiscalía en el caso abierto tras la querella presentada contra Emilio Botín-Sanz de Sautuola y José María Amusátegui, presidente y presidente de honor, respectivamente, del Santander Central Hispano (SCH), por presunto delito societario. El delito habría sido cometido, según la querella, al indemnizar Botín a Amusátegui con 43,75 millones de euros por dejar el banco con varios meses de anticipación a la fecha pactada tras la fusión.

"El juzgado no puede elegir a su fiscal", afirmó Fungairiño, quien señaló que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya estaba personada en el caso y había informado favorablemente la admisión de la querella antes de que Anticorrupción presentara un escrito interesándose por el asunto e informando de que hacía cierto tiempo que tenía abiertas diligencias informativas por el hecho objeto de la querella.

Fungairiño declaró ayer ante varios periodistas: "No es normal que una fiscalía haga una petición como si el juzgado pudiese elegir la fiscalía que le interese". "No es procesal ni orgánico que aparezcan en una misma causa dos fiscalías", precisó Fungairiño, que concluyó: "Elegir al fiscal no es correcto".

Anticorrupción conoció a principios de la semana pasada por los medios informativos que la juez Teresa Palacios había admitido a trámite una querella contra Botín y Amusátegui por la indemnización percibida por el último por abandonar el SCH. La admisión de la querella fue informada favorablemente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero Anticorrupción tenía abiertas unas diligencias informativas sobre el mismo tema y estaba obligada a paralizar el caso y trasladar lo actuado al juzgado. Y eso hizo, pero entonces la juez entendió que la fiscalía competente era Anticorrupción, en detrimento de la de la Audiencia Nacional, que también reclama el caso. Para Fungairiño, se trata de una "mala intepretación de las normas procesales y orgánicas".