La UPO y el Defensor piden que se investigue "a fondo" la denuncia de inmigrantes contra la red de apoyo
La Universidad Pablo de Olavide quiere que las denuncias contra la red de apoyo formuladas por varios inmigrantes que estuvieron encerrados en el campus cerca de dos meses, recogidas ayer por el diario El Mundo, no caigan en saco rato. Andrés Rodríguez Benot, el profesor que coordinó a la comisión jurídica que trabajó durante el encierro para tramitar los papeles de los encerrados, pidió que las autoridades investiguen "a fondo" las denuncias al considerar que algunos hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos.
Después de mostrar su satisfacción por el hecho de que hayan sido los propios inmigrantes quienes hayan denunciado lo ocurrido en el encierro, señaló que algunas circunstancias ya habían sido denunciadas en comisaría por algunos extranjeros tras el desalojo del campus el pasado mes de agosto. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, por su parte, señaló que "es el momento de que se investigue profundamente" por parte de la Fiscalía y la policía, aunque precisó que no todos los integrantes de la red de apoyo se comportaron igual.
Un grupo de inmigrantes presentó dos escritos ante el Defensor del Pueblo andaluz el pasado 11 de octubre, que a su vez lo envío a la Fiscalía del TSJA, donde acusaban a algunos integrantes de la red de apoyo de haber sacado dinero del encierro. Decio Machado, uno de los integrantes de la red, dijo ayer que las denuncias carecían de fundamento y no tenían consistencia alguna, informa Europa Press.
La hipotética existencia de una trama para financiar el encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla sólo podría tipificarse, en caso de que el juzgado de Sevilla así lo considerase, como un delito de colaboración para la estancia ilegal de personas irregulares previsto en la Ley de Extranjería del año 2000, según explicaron fuentes de la fiscalía del TSJA.
El testimonio de varios inmigrantes sobre el funcionamiento de la red de apoyo fue enviado el pasado 23 de octubre por el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, a la Fiscalía de Sevilla para su incorporación a las diligencias previas abiertas por un juzgado de Sevilla. En la actualidad, la fiscalía ha recurrido el archivo provisional de estas diligencias.
Como los hechos denunciados se circunscriben al encierro de Sevilla y no afectan a otras provincias andaluzas, García Calderón no estimó conveniente abrir un procedimiento preprocesal en Granada. En el caso de que apareciera un nuevo testimonio que revelara la actividad de la misma o de otra trama financiera en una provincia distinta, la Fiscalía andaluza sí se plantearía abrir nuevas diligencias.
Los denunciantes han solicitado la exención de sus visados por colaborar activamente en el descubrimiento de un delito contra los inmigrantes, tal como prevé la ley de Extranjería.
