El nuevo interventor reprocha al alcalde que vulnere la ley al vender suelo público

El nuevo interventor municipal, Jesús González Pueyo, funcionario independiente que vela por las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, ha criticado en su informe sobre los presupuestos de 2003 que la venta de suelo público se dedique a financiar las arcas municipales. Según González Pueyo, la gestión prevista por el municipio para 2003 en materia de suelo, reflejada en los presupuestos, contraviene la Ley del Suelo. La concejal socialista Ruth Porta resalta que la opinión de los interventores en los últimos años ha sido siempre contraria a esta práctica.

El Ayuntamiento de Madrid, según queda reflejado en los presupuestos, venderá el año próximo solares municipales por valor de 276,2 millones de euros. Esta cifra supera en mucho los 245 millones que en total ingresó por este concepto en 1999, 2000 y 2001. Parte de los fondos recaudados por la venta de suelo público se destinarán a pagar los 111,9 millones de euros que costaron los dos eficios comprados al BBVA en diciembre pasado. El último mandato del PP al frente del gobierno local se ha caracterizado por el constante aumento de los ingresos por la subasta de suelo público. Este mecanismo ha sido muy criticado por la oposición (PSOE e IU) por creer que contribuye a encarecer la vivienda.

El último en sumarse a las críticas ha sido el interventor municipal, Jesús González Pueyo, en su informe sobre los presupuestos de 2003. González coincide en la postura reiteradamente expresada por su antecesor en el cargo, Vicente Arnau, que se jubiló el pasado verano. La Ley del Suelo especifica que los ayuntamientos no pueden destinar los beneficios obtenidos de vender parcelas municipales a otro fin que no sea el de adquirir nuevos terrenos. Es decir, el dinero obtenido por la venta de patrimonio municipal no puede ser revertido en otro tipo de inversiones que no sea la de conservación y ampliación de este patrimonio. Esto no es así en los presupuestos municipales de 2003, según el interventor. "Se ha podido comprobar la inclusión de determinadas actuaciones ajenas a la finalidad legal de los recursos del patrimonio municipal del suelo con inversiones no afectas a los fines previstos en la legislación urbanística", afirma el interventor.

"El deber de afectación de los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo, regulado en la Ley del Suelo, no queda totalmente respetado. Dentro de los gastos de capital que se financian mediante dichos recursos se encuentran determinados proyectos que, incluso en la interpretación más amplia de dicha normativa, no se encontrarían dentro de los supuestos contemplados en la misma", denuncia el interventor. González Pueyo advierte, además, de que los ingresos por la venta de suelo no pueden utilizarse "libremente por el gestor para financiar cualquier actividad, sobre todo cuando desarrolla actividades diversas que no sólo son ajenas al Patrimonio Municipal del Suelo, sino también a la propia actividad urbanística".

No es la primera vez que un interventor del Ayuntamiento arremete contra el Gobierno local por la venta de suelo municipal para engordar las arcas públicas. El anterior interventor, Vicente Arnau, se manifestó reiteradamente en contra de que el alcalde José María Álvarez del Manzano venda parcelas municipales para financiar gastos de todo tipo con el dinero recaudado. Pero el regidor siempre ha justificado esta actuación y ha hecho caso omiso a las advertencias de los interventores.

Arnau advirtió varias veces en los últimos tres años de que el gobierno municipal incumplía "el deber de reinversión del producto de la enajenación de suelo". Arnau, incluso, citó en una ocasión una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 1995 en la que se señala que la enajenación de terrenos del patrimonio municipal tiene que destinarse a un fin específico: conservar y ampliar el patrimonio municipal. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se defendió diciendo que el anterior interventor hacía una interpretación "restrictiva" de la Ley del Suelo y que comprar terreno no es la única manera de incrementar el patrimonio municipal. Las tesis de González Pueyo y Arnau no coinciden, además, con las del concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, que siempre ha defendido que el dinero obtenido por la venta de suelo permite congelar los impuestos municipales a los madrileños.

La concejal socialista Ruth Porta acusa al gobierno local de "vender el patrimonio de los madrileños" y de que eso suponga que el precio de las viviendas se haya vuelto inasequible para gran parte de los ciudadanos. "El PP sólo utiliza el suelo para ganar un dinero que luego no revierte en los madrileños. Ese patrimonio se pierde para siempre", acusa la edil.

El informe del interventor reprocha al Ayuntamiento que los gastos de adquisición y obras en edificios (123,5 millones de euros) representen el 45,53% del total de los gastos de inversión. Es decir, que el dinero recaudado por la venta del suelo se va a destinar en su mayoría a comprar y rehabilitar inmuebles. "Esto se debe, principalmente, a la adquisición de edificios para servicios municipales consecuencia del convenio Ayuntamiento-BBVA, cuyo montante asciende a 111,9 millones de euros", señala el interventor. En estos edificios, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, quiere trasladar varios edificios municipales, entre los que se incluye la Gerencia Municipal de Urbanismo y su propio despacho.

El anterior interventor puso reparos en sus informes del año pasado a la compra de estos edificios y de otro al SCH. Arnau, al igual que hace ahora González Pueyo, consideraba que esos edificios no pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo y, por tanto, la venta de suelo público no puede dedicarse a financiar la compra de los inmuebles.