El Gobierno tiene paralizada desde 2000 una ley del suelo pese a la escalada de los precios

El Gobierno utilizó el sistema del decretazo, es decir, la aprobación de un decreto-ley de medidas urgentes con el compromiso de convertirlo después en ley, en mayo de 2000 para cambiar la regulación en materia de vivienda. El 23 de junio de ese año aprobó el Real-Decreto 4/2000 sobre medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario sin dar el siguiente paso de convertirlo en ley. Ahora el PNV reclama por escrito que se retome esa iniciativa parlamentaria, ya que la liberalización del suelo es urgente ante la escalada de precios que repercute en el coste de la vivienda.

El Gobierno del Partido Popular aseguró en 2000, poco después de ganar las elecciones,que utilizaba el trámite del decreto-ley por la urgencia en liberalizar el suelo y así facilitar el abaratamiento de las viviendas, pero que su objetivo era convertir aquel texto en una ley que recabara el máximo consenso parlamentario posible. El primer debate en el pleno del Congreso de ese embrión de proyecto de ley se produjo, en efecto, el 28 de septiembre de aquel año. En esa fecha los socialistas presentaron una enmienda a la totalidad con texto alternativo.

De ahí pasó a la Comisión de Infraestructuras y, si no hubiera quedado olvidado por el grupo mayoritario, debería haberse producido un debate en ponencia para analizar qué enmiendas parciales estaba dispuesto a aceptar, en ese primer trámite, el partido que mantiene la mayoría absoluta.

Nada de eso ocurrió pues la iniciativa parlamentaria de qué cuestiones se debaten y cuáles quedan pendientes depende de la mayoría y el Grupo Popular fue dejando para más tarde la transformación en ley de ese decreto de liberalización del suelo.

El PSOE argumenta que, verbalmente, su portavoz en esa comisión, el diputado Víctor Morlán, ha reclamado en repetidas ocasiones a su homólogo en el Grupo Popular, Luis Ortiz, que "sacara del cajón" esa iniciativa pues es un mandato constitucional que si la Cámara ha aprobado la transformación de un decreto-ley en ley así se haga. Según los socialistas, el PP siempre ha encontrado una excusa para desoír tal reclamación. Una demora injustificada cuando prosigue la escalada del precio del suelo, que el año pasado subió un 46%, y cuando los expertos coinciden en que es el principal factor del encarecimiento de la vivienda, ya que el suelo supone el 50% del coste final de un piso.

Como quiera que las peticiones verbales no han llevado a ninguna parte, el grupo parlamentario del PNV, a través de su diputada Margarita Uría, presentó el viernes en el Registro de la Cámara un escrito en el que exige formalmente al partido mayoritario que "impulse la tramitación de esta iniciativa que de forma inexplicable está parada". Margarita Uría recuerda al PP que eso es "lo constitucional y reglamentariamente exigible" y confía en que la "vocación constitucional que ahora embriaga al Partido Popular le apremie a cumplir con lo que exige la Carta Magna".

Reprobación a Cascos

La política de vivienda del Gobierno será esta semana uno de los principales caballos de batalla de la oposición en el Parlamento. Los socialistas reclamarán el martes la reprobación del ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, por su "inacción para frenar el desorbitado aumento de precio de las viviendas" y el miércoles le dedicarán una batería de siete preguntas sobre esta cuestión en la sesión de control al Gobierno.

Cristina Narbona, miembro de la dirección socialista y experta de ese partido en el área de vivienda, asegura que la última "excusa" del Gobierno para negarse a poner en marcha ese proyecto de ley que duerme en el cajón de la Comisión de Infraestructuras es la reciente oferta del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, para pactar una nueva ley del suelo.

Los socialistas se apresuraron a rechazar la invitación a un pacto realizada por Rodrigo Rato con el argumento de que la carestía de la vivienda no responde ya a la escasez de suelo urbanizable (pues no hay tal, según el PSOE) sino al complicado proceso desde que el suelo se declara urbanizable hasta que es urbanizado. A juicio de los socialistas, la escasez de controles en ese trámite permite, por ejemplo, estafas tan hirientes para los ciudadanos como el de la promotora CPV.