La sombra de Gescartera

El escándalo de Gescartera ha vuelto al escenario de la actualidad política y judicial quizás con más fuerza que cuando estalló hace año y medio. La hipótesis de que el HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) ha sido el cauce utilizado para canalizar los 16.000 millones de pesetas estafados a los inversores de Gescartera cobra cada vez mayor verosimilitud. Es posible que este banco sea ese "otro interviniente", al que aludió la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso, en unas polémicas declaraciones al periódico El Día de Córdoba, que permita averiguar "cómo se ha escapado el dinero y adónde ha ido a parar".

La relación del HSBC con la trama de Gescartera debe aclararse sobre todo en el ámbito judicial. Y en concreto la cobertura que proporcionó este banco a la creación de una supuesta sociedad de inversión colectiva en Luxemburgo, nunca consumada, y que salvó a la agencia de valores de Antonio Camacho de ser intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en abril de 1999. Hay además otros flecos políticos que exigen, si no la reapertura de la comisión parlamentaria que investigó las responsabilidades políticas derivadas de la estafa, al menos una explicación del Gobierno ante el Parlamento. La sospecha de que el HSBC constituyó un paraíso fiscal en España se ha reforzado todavía más tras el informe policial entregado a la juez Palacios, en el que se afirma con rotundidad que la dirección de este banco en Madrid "conoció, permitió, facilitó u ocultó la operativa irregular que ha terminado con la desaparición de los fondos de los clientes de Gescartera".

Aparte de su posible dimensión delictiva, esa actuación bancaria tiene también una indudable dimensión política que apunta al titular de Economía y al gobernador del Banco de España. Algo tendrán que decir el vicepresidente económico Rodrigo Rato y el gobernador Jaime Caruana sobre la impunidad con que una entidad financiera ha podido utilizar el secreto bancario para desviar a través de cuentas opacas el dinero estafado por Gescartera a sus clientes. Se da la circunstancia, además, de que una empresa familiar en dificultades del vicepresidente Rato obtuvo un crédito del HSBC en diciembre de 2000. El Gobierno no puede alegar que el caso Gescartera está ya zanjado en el Parlamento y que es sólo cuestión de los tribunales dilucidar lo que ocurrió. La comisión parlamentaria que investigó este asunto ha sido superada por los acontecimientos -hay nuevas evidencias sobre el papel desempeñado por el HSBC en la estafa a través de sus cuentas opacas- y es lógico que la oposición exija explicaciones al Ejecutivo sobre esas cuentas y los enjuagues contables puestos al servicio de los propósitos defraudadores de los directivos de Gescartera.

En todo caso, es tarea de la juez Palacios determinar en qué medida la dirección del HSBC en España se convirtió en cooperador necesario del fraude y aclarar dónde se encuentra el dinero estafado por Gescartera a sus clientes. Y es de esperar que, sin desconocer sus innegables dificultades, la investigación judicial avance con mayor celeridad que hasta ahora. En este sentido, la personación del PSOE en el proceso, acordada por la Audiencia Nacional en contra del criterio de la juez, puede contribuir a agilizarlo más que a politizarlo.

El informe policial concluido sobre el modus operandi convenido entre Gescartera y el HSBC personaliza en el ex director general en España de este banco británico, el mayor del Reino Unido, el montaje de la operativa irregular utilizada para camuflar las operaciones de los directivos de la agencia de valores. El testimonio de Salvador Pastor puede resultar clave, por más que su condición de imputado le haga andarse con pies de plomo como se ha visto en su primera comparecencia ante la juez Palacios, nada clarificadora. Pero todavía tiene pendientes otras citas y muchas preguntas que contestar, y será difícil que de su interrogatorio surja una versión más creíble que la documentada por la policía.