Liberalización a media luz
La apertura total auspiciada por el Gobierno para el mercado de gas y electricidad desincentiva la entrada de nuevos operadores y facilita poco la rebaja de precios y la mejora de los servicios
Economía ha iniciado esta semana, a un mes y medio de su entrada oficial en vigor, la tramitación de los cambios normativos imprescinsibles para la apertura total de los mercados eléctricos y del gas. La liberalización comprometida por el Gobierno, sin embargo, probablemente sólo va a existir el 1 de enero en las páginas del Boletín Oficial del Estado. Veinte millones de usuarios tendrán que esperar varios meses para poder ejercitar la opción que se les brinda de poder cambiar de compañía, aunque previsiblemente pocos lo harán por los escasos alicientes recogidos en el proyecto de regulación que auspicia el Gobierno.
El mantenimiento indefinido de la tarifa regulada doméstica y la ausencia de reformas en profundidad en el mercado mayorista, donde las tres mayores eléctricas controlan los precios, recortan de antemano las posibilidades de desarrollo de un mercado libre de la energía y desalientan la entrada de nuevos operadores, especialmente la de comercializadoras que no cuenten con generación propia. Si las ventajas económicas para el usuario van a ser pocas o ninguna en la liberalización ideada por el Gobierno, menos evidentes aún son las ganancias en la calidad del servicio (aunque se cambie de comercializadora, el suministrador -al que habrá que pagar peaje por el transporte- seguirá siendo el mismo).
Las eléctricas y Gas Natural, que ven poco riesgo en esta legislación para sus cuotas de mercado, han logrado además compensaciones económicas del Gobierno en el nuevo marco tarifario, que, en contra de lo prometido, fija incrementos y no rebajas en los recibos de la luz de la próxima década.
