Cuestión de protocolo

Son la flor y nata del empresariado español y representan una buena parte del producto interior bruto del país y del empleo. Agrupadas en el Instituto de Empresa Familiar (IEF), estas grandes compañías afrontan el reto de profundizar en su profesionalización, dotando a los protocolos, que delimitan la frontera entre la gestión y la propiedad, de carácter jurídico.

Sólo la cuarta parte de las empresas miembros del IEF tiene protocolo, la norma que define las relaciones entre la familia y la gestión

El Instituto cumple este año su décimo aniversario con la satisfacción de haber recorrido un importante camino que ha pasado por la mejora de la fiscalidad para este tipo de negocio. La entidad que una veintena de empresarios catalanes crearan hace una década, se ha convertido en un importante lobby de defensa de sus intereses ante la Administración y en interlocutor casi privilegiado de los poderes públicos. ¿Quién se negaría a hablar con una organización que agrupa a más de 100 empresas líderes españolas que facturan el 8% del PIB?

Desde que se creara, el Instituto ha ido consiguiendo un entorno de empresa familiar más acorde con el europeo, y ha ido arrancando de los distintos Gobiernos -tanto del PSOE como del PP- distintas modificaciones que han permitido una mejor transmisión del negocio de generación en generación. Con esta misión cumplida, la entidad se centra ahora en profundizar en la profesionalización de las empresas familiares, según ha manifestado el presidente del Instituto, José Manuel Lara, poco días después de que la organización celebrase en Salamanca su V Conferencia.

Sólo la cuarta parte de las empresas miembros del IEF tiene protocolo, la norma que define las relaciones entre la familia propietaria y la gestión de la compañía, que establece cómo se conforman los órganos de gobierno, cómo se transmiten las acciones y cómo se incorpora la familia a la gestión. El problema no es que el porcentaje sea escaso, es que, según afirma Lara, el protocolo, incluso cuando existe, "no tiene carácter de documento jurídico integrable en los estatutos de la sociedad e inscrito en el registro mercantil". En definitiva, no es vinculante. Quien lo aprueba lo puede incumplir, y no pasa nada.

Más recursos

Dotarlo de ese carácter jurídico es el fin que persigue el IEF. Un segundo reto, según Lara, es buscar mecanismos jurídicos que permitan a las empresas familiares ganar tamaño, imprescindible para competir, pero sin perder el carácter familiar. "Conseguir esos recursos", dice Lara, "ahora es incompatible con mantener ese carácter".

Mientras, el IEF continuará con la potenciación de las cátedras de Empresa Familiar -ya existen 14- y con la organización de conferencias y seminarios. Y, a juicio de fuentes próxinas al mismo, deberá también mejorar en sus relaciones con las agrupaciones territoriales, las organizaciones regionales que agrupan a las empresas familiares de las distintas comunidades autónomas. Estas agrupaciones acogen a empresas de menor tamaño que las del Instituto, son independientes totalmente del mismo en los ámbitos que se refieren a formación y relaciones con los poderes locales, pero no tienen ninguna competencia como interlocutores de la empresa familiar ni ante la Administración central ni ante los medios de comunicación. El hecho de que hace semanas, la agrupación de Madrid expresara públicamente sus discrepancias en los medios de comunicación con el impuesto que grava el patrimonio en España ha levantado alguna roncha, y ha hecho pensar a más de uno, que los hijos del IEF, las agrupaciones territoriales, podrían estar creciendo demasiado hasta correr el riesgo de verse ahogado.

El artículo de marras, dicen conocedores del tema, no gustó en el Ministerio de Economía, que se habría dirigido al IEF y éste a su vez, con un toque de atención, a la territorial madrileña.

Esta agrupación ha preferido guardar silencio sobre el tema, y el Instituto, a través de su presidente, considera que ha sido un incidente, ya pasado, que constituye la excepción en un sistema de funcionamiento que no se ha cuestionado. Sin embargo, otras fuentes, que no se han querido identificar, admiten que si bien problemas de calado o de malentendimiento en el seno del Instituto no existen, "sí se ha generado cierto malestar".

"En el Instituto", dice Lara, "no hay división, ni han chirriado los mecanismos de coordinación. Lo único que ha pasado es que una regional ha puesto énfasis en el impuesto sobre el patrimonio yendo más allá del que conforman los activos productivos, en un estudio que seguro es importante, pero que deberíamos haber conocido antes de ser publicado. Nada más".