Transparencia

Se acaba de constituir Transparencia Internacional España, una sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción -o, si se prefiere, en plan positivo, al fomento de la transparencia y la claridad en los asuntos, sobre todo públicos, pero también privados. Esa sociedad sigue el modelo de Transparency International (TI), una entidad que se ha ganado una merecida fama como promotora de la lucha contra la corrupción en todas sus formas y en todo el mundo.

La noticia es muy buena. Es verdad que ya hay mucha gente que aporta su grano de arena en esa batalla civil, social y política. Pero nuestro país sigue necesitando de un cambio de dimensión en este terreno, a pesar de lo que se ha ganado. En efecto, Transparency International publica cada año un índice que refleja la percepción que se tiene del grado de limpieza de los asuntos públicos en los distintos países. Sobre un máximo de 10 puntos, España, que había conseguido una media decentita de 6,82 entre los años 1980 y 1985, vio reducido su nivel hasta un lamentable índice de 4,35 en 1995. Desde entonces, hemos recuperado algo nuestra posición hasta el índice 7,0-7,1 en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2002. Pero, obviamente, queda mucho por hacer todavía.

Un punto negro de nuestra democracia es el asunto de la financiación de los partidos políticos, y, a la vista del affaire del Forcem, también de nuestros sindicatos y patronales (por cierto, hace tiempo que no he leído nada sobre esta cuestión... ¿sabe el lector cómo están las investigaciones de fraude en ese organismo?). Así como las empresas deben presentar sus cuentas, lo más claras posibles, en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria, los partidos, que deberían dar ejemplo de transparencia y claridad, se escapan de hecho del control del Tribunal de Cuentas. Es lógico que sea así porque los que, en definitiva, deberían tomar las medidas contra ellos son los propios políticos del Gobierno y del Parlamento, que pertenecen a los mismos partidos cuyas cuentas deberían ser denunciadas.

De ahí la importancia de que sean la sociedad civil, los medios de comunicación y, naturalmente, la Administración de justicia, los que se encarguen de ese control pidiendo más claridad en las cuentas (si muchas empresas ponen su balance y su cuenta de resultados en su web, ¿no sería lógico que los partidos lo hiciesen también?) y denunciando tanto los tapujos y las cuentas menos claras como los abusos que se cometen, hasta ahora impunemente. El presidente norteamericano, George W. Bush, ha exigido a los presidentes de las grandes empresas que estampen su firma en los estados contables, dando fe de su autenticidad. ¿No sería razonable pedir otro tanto a nuestros políticos?

Junto a lo anterior, los partidos han aprendido a usar otros medios para escapar del control, como la proliferación de fundaciones que financian actividades de los propios partidos y de sus candidatos, en claro fraude de ley. La legislación mercantil exige que cuando una empresa tiene determinada participación en el capital de otra, presenten sus cuentas consolidadas. ¿No sería razonable pedir algo parecido para el entramado de organismos que pulula alrededor de los partidos políticos? Por supuesto, que gasten lo que quieran y como quieran, pero que nos digan de dónde proceden los fondos.

Otro terreno donde el chanchullo está a la orden del día es el de los contratos públicos. La normativa, es verdad, es rigurosa, pero faltan mecanismos de control, de modo que siempre es posible una oportuna llamada telefónica para comunicar la concesión de un contrato y, al mismo tiempo, reclamar el pago de una extorsión.

Y donde la cosa adquiere ya caracteres dramáticos es en el terreno del urbanismo. Transparencia Internacional España ha señalado que esa es la causa de que el grado de corrupción sea mucho mayor en la Administración local española que en la central y en la autonómica, aunque los trapos sucios salpican a todas.

También el control del blanqueo de capitales deja mucho que desear: las instituciones financieras parecen pensar que un cliente es un cliente, y que no hay que ha-

cerle ascos a cualquier millón de dólares que llegue, sin indagar qué clase de negocios está detrás.

No somos ya una república bananera, pero no olvidemos que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los países en vías de desarrollo. A estas alturas conocemos ya muy bien los efectos nocivos que se derivan de la misma: reducción de la eficiencia económica y de la tasa de crecimiento, pérdida de inversiones extranjeras, aumento de costes, menor competencia, calidad más pobre, impuestos más altos... Y, sobre todo, que una manzana podrida acaba echando a perder todo el cesto, por muy sanas que, al principio, estuvieran las demás.

Por todo ello, bienvenida sea la labor de Transparencia Internacional España. Su labor de crítica, denuncia, y sobre todo de ayuda y fomento de las conductas transparentes y limpias, no dejará de ser beneficiosa.

cerle ascos a cualquier millón de dólares que llegue, sin indagar qué clase de negocios está detrás.

No somos ya una república bananera, pero no olvidemos que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los países en vías de desarrollo. A estas alturas conocemos ya muy bien los efectos nocivos que se derivan de la misma: reducción de la eficiencia económica y de la tasa de crecimiento, pérdida de inversiones extranjeras, aumento de costes, menor competencia, calidad más pobre, impuestos más altos... Y, sobre todo, que una manzana podrida acaba echando a perder todo el cesto, por muy sanas que, al principio, estuvieran las demás.

Por todo ello, bienvenida sea la labor de Transparencia Internacional España. Su labor de crítica, denuncia, y sobre todo de ayuda y fomento de las conductas transparentes y limpias, no dejará de ser beneficiosa.

Antonio Argandoña es profesor de Economía de IESE