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Reportaje:

La pugna de una familia

Juzgada por maltratar a su hijo una pareja que pleitea con la Diputación por recuperarlo

Naiara Galarraga Gortázar

Hamidu tiene cuatro años y tres semanas. Al nacer no fue a casa con sus padres biológicos. La Diputación de Vizcaya asumió su patria potestad y lo entregó a una familia de acogida, en régimen de preadopción, con la que aún vive en algún lugar de Vizcaya.

Sonia Jiménez tiene 21 años. Cuando tuvo a Hamidu estaba enganchada a la heroína y llevaba desde los 12 años pululando por centros de acogida y reformatorios de toda España. Su entonces compañero, hoy marido y padre biológico del niño es Malam Cámara, de 32 años, quien llegó a Bilbao desde Guinea-Bissau tras recalar en los invernaderos de Almería. También tomaba drogas e incluso fue condenado por tráfico de estupefacientes.

La pareja fue juzgada ayer en el Juzgado número 3 de lo Penal de Bilbao acusada de maltratar a su hijo el pasado otoño durante el proceso de progresivo retorno con sus padres biológicos ordenado por un juez tras un pleito que ganaron a la Diputación.

Su defensa niega la acusación y además recalca que 'ambos han hecho un esfuerzo personal para rehabilitarse impresionante. Han dejado la droga, están limpios', asegura su abogado, Gonzalo Juez.

El letrado recuerda que Sonia y Malam tuvieron una hija, Rebeca, hace año y medio; que los tres viven en un piso alquilado del sueldo que él gana en la construcción y que ella ha sacado el Graduado Escolar.

El juicio de ayer es el capítulo más reciente de la batalla que mantienen en los tribunales desde hace tiempo los padres biológicos contra el Servicio de Infancia de la Diputación de Vizcaya para recuperar al niño con ayuda de abogados a los que no pueden pagar.

Una psicóloga de la institución foral es quien denunció a Sonia y Malam por haber pegado a su hijo en dos ocasiones. La defensa sostiene que fueron sendas caídas. La denuncia por malos tratos paralizó el regreso del niño con sus padres biológicos.

La juez retiró ayer la acusación contra Malam, según reveló su abogado defensor. La fiscal pide un año de prisión y tres años y diez meses de alejamiento para la madre biológica. El abogado pedirá hoy mismo que se otorgue al padre la patria potestad y se le permita retomar las visitas al niño.

Otras madres que entregaron a sus hijos a la Diputación o cuya tutela ésta les retiró y que ahora quieren recuperarlos se concentraron ante el juzgado tras un pancarta que decía: 'Diputación: protección, si; secuestro, no'.

Ellas, como algunas entidades que acudieron a arropar a Sonia y Malan consideran que si ella no fuera de etnia gitana y él un inmigrante subsahariano no se habría llegado a la situación actual.

Un portavoz del departamento foral de Bienestar Social rechazó ayer comentar el caso de Hamidu, porque 'es un menor'. Recordó que la decisión de retirar la guarda y custodia es por velar por los intereses del niño, se da en situaciones 'muy excepcionales' y jamás es 'arbitraria'.

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Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).

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