El alcalde recibirá al abogado de los afectados por el 'caso CPV'

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, recibirá al abogado de 260 de los afectados por el caso CPV, Luis García Botella. La reunión se celebrará el 3 de diciembre a petición del letrado, casi un mes después de que el gobierno municipal recordara por escrito una opinión que ya había expresado anteriormente: que 'en ningún caso' es competencia suya 'controlar los contratos entre particulares', y que no deben confundirse 'las relaciones entre privados con la actuación de las administraciones'. Aunque previamente, el regidor había manifestado en un acto público que la Corporación municipal colaboraría con los abogados de los afectados.

El Defensor del Pueblo también recibirá, el próximo día 25, a la Asociación de Afectados por el caso CPV. A la reunión acudirá una representación de la asociación, formada por unas 600 familias, y el adjunto al defensor, Manuel Aquino.

Cerca de 1.200 familias adelantaron en 1998 a la promotora 30 millones de euros para la compra de viviendas en nuevos barrios de norte de la capital (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo), pero la inmobiliaria dice ahora que no tiene terrenos para construir las casas, y tampoco les ha devuelto el dinero que entregaron a CPV.

Lo que no han conseguido las familias es reunirse con el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, como vienen reivindicando durante semanas. Tendrán que conformarse con expresar sus quejas a la secretaria general técnica de la Consejería de Economía, Casilda Méndez, y a su homólogo en la de Obras Públicas, Jesús Mora de la Cruz, el próximo día 18.

Las familias que integran la asociación entregaron ayer en los registros del Defensor del Pueblo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento alrededor de 35.000 firmas que han recogido entre los ciudadanos desde el pasado día 2. Al margen de las reuniones con los políticos, los perjudicados se concentrarán mañana, a las 11.30, en la finca Giralda, situada en la calle de los Gavilanes (Puerta de Hierro), que era propiedad de los padres del Rey hasta que fue vendida en una operación en la que intervino CPV.