Garzón sopesa actuar contra la Mesa del Parlamento vasco

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer un escrito a la Fiscalía General del Estado para que decida si debe actuar contra la Mesa del Parlamento vasco por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna en dicha Cámara, tal como ordenaba el propio Garzón en el auto en el que decretó la suspensión de actividades del partido abertzale radical, el pasado 26 de agosto.

Garzón pretende que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, determine si las personas de la Mesa del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya que se han negado a ejecutar una resolución judicial firme como es la disolución del grupo Batasuna, pueden haber incurrido en un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal.

En dicho delito incurren 'las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas en el ámbito de su respectiva competencia'.

El precepto castiga la desobediencia con pena de multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

La eventual acción penal por desobediencia se seguiría sólo contra los miembros de la Mesa que rechazaron aplicar el auto dictado por el juez Garzón el pasado 26 de agosto, ya que en el acuerdo de la Mesa figura el voto de cada uno de sus integrantes.

Así, mientras que los representantes del PNV, Eusko Alkartasuna e IU-Ezker Batua, que forman la mayoría de la Mesa, acordaron el pasado 3 de octubre no suspender el grupo de Batasuna al entender que el auto de Garzón 'menoscababa' la autonomía organizativa y de funcionamiento del Parlamento, los representantes del PP y del PSE-PSOE se manifestaron a favor de aplicar la resolución judicial.

Según el acuerdo del Parlamento vasco, su decisión 'implica el ejercicio soberano y libre de una competencia propia y sometida siempre al azar de las mayorías, sin que pueda verse en ello ninguna omisión proscrita por el artículo 118 de la Constitución'.

Garzón, en su auto, reconocía que no podía compeler al Parlamento vasco a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, pero indicó que todas las resoluciones judiciales deben ser cumplidas. Así lo establece el artículo 118 de la Constitución: 'Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes de los jueces y tribunales, así como la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto'.

'Agua de borrajas'

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, aseguró ayer que 'no está preocupado' tras conocer que Garzón sopesa la posibilidad de actuar contra algunos miembros de la Mesa de la Cámara: 'No es que esté preocupado, ni muchísimo menos, me siento respetuoso como siempre', afirmó.

En la misma línea, el secretario general de EA y vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento vasco, Gorka Knörr, manifestó sentirse 'muy tranquilo' y convencido de que 'todo va a quedar en agua de borrajas'. Knörr dijo que la Mesa se limitó a decirle a Garzón que estaba invadiendo competencias del Parlamento vasco.