Seguro de gran dependencia, ya

Aumenta la gran dependencia. Es un signo de los nuevos tiempos. Hay quien requiere ayuda de otras personas para realizar las actividades más comunes de la vida diaria, y esto sucede cada vez en mayor número y por periodos vitales más prolongados. Esta situación, que afecta sobre todo a personas mayores y a las que están discapacitadas, ya clama por compromisos y soluciones colectivas.

Ello es así fundamentalmente porque las limitaciones de orden físico y mental que padecen hace necesaria una atención adecuada, y en estos momentos la labor de atención recae casi exclusivamente en las familias, en su mayor parte sobre las mujeres de la casa, hijas o esposas, que muchas veces se ven obligadas a muchas renuncias personales. Esta situación pone en evidencia las dificultades de las familias por atender correctamente a sus miembros ya que, por la duración, intensidad y complejidad de los cuidados, tienen que afrontar un coste económico, social y psicológico tan alto que, a menudo, sobrepasa a sus posibilidades.

Por tanto, sería de ciegos negar que el alcance y la diversificación de la realidad social de la dependencia se ha convertido en una necesidad social susceptible de protección. Como dije en un artículo anterior, hay que hablar menos y hacer más, porque desarrollar políticas supone resolver problemas. En este caso, luchar contra la gran dependencia es querer abordarla.

Otros países de nuestro entorno europeo ya hace tiempo que vienen aplicando medidas contundentes y suficientes para que las familias puedan seguir atendiendo a sus miembros dependientes. Por ejemplo, los más avanzados poseen el seguro de gran dependencia, añadido a la seguridad social. Esto es así porque sólo si se tiene la certeza de que al ser mayor se estará atendido con todos los requisitos necesarios, se podrá llegar a la vejez con la tranquilidad y seguridad de que, suceda lo que suceda, cada persona podrá mantener una vida digna hasta el final de sus días.

Por tanto, es de una claridad meridiana entender que una política de seguridad también pasa por políticas que reconozcan derechos universales para todos, como el seguro de gran dependencia, unas pensiones dignas y suficientes y unas prestaciones de apoyo, sobre todo para las familias que prestan ayuda. Se avanza cuando los derechos sociales son universales. Suecia, por ejemplo, que era un país con una demografía en recesión, ahora vuelve a tener un aumento de la natalidad gracias a la universalización de políticas sociales dirigidas especialmente a las familias y, concretamente, a las mujeres.

Aquí aparece otro elemento a favor de esta política de hechos que reclamo: hay que liberar de carga a las mujeres. Necesitamos políticas que ayuden a la mujer con eficacia. Hay que hacer compatible el tiempo dedicado a la familia con el del trabajo. Son necesarias políticas que, en definitiva, no hagan recaer únicamente en las propias familias, y concretamente en las mujeres, el papel de suministradoras de bienestar a sus miembros con dependencia. Asimismo, también son necesarias políticas y actitudes sociales más paritarias e igualitarias. Tan necesario es el reparto de tareas en el hogar entre el hombre y la mujer como que el Estado asuma un mayor papel de apoyo, que no de tutela.

Está claro que las familias están formulando hoy día nuevas demandas a los poderes públicos. Piden nuevas políticas que resuelvan problemas y, por consiguiente, nuevos recursos y servicios que permitan a todos los miembros de la familia su desarrollo personal, así como la participación de todos sus miembros en el mercado de trabajo y en la vida social. Son necesarias, pues, más y nuevas medidas que refuercen la actuación de las familias. El Gobierno central y la Generalitat están iniciando estrategias en este sentido. Nos hemos de felicitar, pero queremos más.

La realidad que tenemos es que los servicios y las prestaciones públicas de atención a la dependencia son todavía insuficientes. Sin renunciar al necesario papel de las familias, sino todo lo contrario, defendiendo su extraordinaria labor, las posibles soluciones que deben aplicarse pueden ser muy diversas y a distinta escala, pero en todo caso creo que en conjunto deberían contener estos cinco componentes: que garanticen un sistema integral de atención a las personas dependientes; que potencien las políticas de prevención; que sea creado el seguro de gran dependencia; que las políticas para las familias tengan carácter universal; y que sean garantizados los derechos de las personas en situación de dependencia.

Es necesario hacer observar a los gobiernos autónomos y al central, que son los que tienen competencia legislativa y fondos suficientes, que se dediquen a esta tarea de inmediato. Los municipios creo que pueden ir avanzando mediante los servicios de proximidad, que son los que garantizan una autonomía a quienes viven tanto en hogar propio como junto a la familia: asistencia a domicilio, adaptaciones y reparaciones de viviendas, médico a domicilio, apoyo a las familias que cuidan a personas dependientes, así como promoción de proyectos de convivencia entre jóvenes y personas mayores, de refuerzo de las relaciones solidarias de buena vecindad, y también de apoyo al voluntariado, porque las ONG, la comunidad y las familias también son capaces de generar redes de ayuda a la autonomía de las personas.

Estamos ante un proceso de cambio de relaciones entre las personas que integran las familias. Se está modificando la estructura social. Por tanto, sería un error gravísimo dejar que el gran esfuerzo de atención a las personas con dependencia siga recayendo sólo sobre las familias.

Núria Carrera es quinta teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.