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Laboral | CONSULTORIO
Columna
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Madres trabajadoras

La maternidad es objeto preferente de atención por parte de los medios políticos y sociales, constituyendo en la actualidad uno de los pilares de la política social de cualquier Gobierno. Raro es el año en el que no se aprueba alguna medida para su protección (en estos días se habla del abono de una cantidad por hijo menor de tres años, ayudas para las familias numerosas, de un nuevo permiso por paternidad independiente del de la madre).

Mientras tanto, desde diversas instancias se solicita insistentemente que se apoye a las madres trabajadoras frente a las barreras que la propia sociedad le impone. Sin duda, tales demandas tienen mucho que ver con la actual situación de crisis de natalidad, así como con la discriminación que las cargas familiares suponen para la mujer en el ámbito profesional.

En la actualidad, la situación de maternidad implica la puesta en marcha de una serie de mecanismos de protección. Por un lado, la madre trabajadora va a tener derecho a un periodo de descanso por maternidad de 16 semanas (con posibilidad de disfrute simultáneo o sucesivo por el padre), que va a poder utilizar antes o después del parto, siempre que seis semanas sean obligatoriamente tras el mismo. Y ello sin perjuicio de la posibilidad de posterior excedencia o reducción de jornada para el cuidado del hijo. Durante el periodo de descanso va a poder percibir un subsidio del 100% de la base reguladora, así como la asistencia sanitaria que fuera precisa.

Igualmente, si durante el embarazo existiese algún peligro para el feto o para la madre se arbitran una serie de mecanismos para evitar el riesgo, que van desde la adaptación del puesto de trabajo a la nueva situación, el traslado a otro puesto de trabajo compatible con el estado de embarazo o, incluso, la suspensión del contrato de trabajo durante el tiempo que fuera necesario, teniendo derecho a percibir un subsidio por riesgo durante el embarazo del 75% de la base reguladora. Estas medidas se complementan con otras que tratan de proteger a las trabajadoras frente al despido, ayudas a las empresas en materia de cotización o bonificaciones a la contratación.

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