Crisis en el Gran Bazar

Los islamistas moderados han conquistado el poder en Ankara, pero su histórica victoria coincide con la peor crisis económica en Turquía desde la II Guerra Mundial. El PIB cayó el 9,4% el año pasado y la lira turca se depreció un 50%. Más de un millón de personas perdió su empleo, mientras la inflación se situaba en el 68,5% (39% en 2000). Con estos condicionantes, será difícil que el partido de Tayyip Erdogan, que ha capitalizado el voto de castigo de los ciudadanos más perjudicados por la recesión, pueda salirse de la estricta política económica marcada por las instituciones internacionales.

El FMI ha desembolsado 28.000 millones de dólares. Gastará otros 3.000 millones si se despide a 30.000 empleados públicos

Los mercados turcos se han apresurado a dar la bienvenida al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que ha logrado mayoría absoluta en el Parlamento después de dos décadas de coaliciones de Gobierno inestables, políticas contradictorias, corrupción y mala gestión. La Bolsa de Estambul saludó la victoria de Erdogan con una subida del 6%, al tiempo que la lira turca se apreciaba ligeramente (1%) frente al dólar. Pero ¿qué programa económico presentan los islamistas moderados?

Los líderes del AKP no tienen apenas experiencia de gobierno. Alguno de ellos participó en Gabinetes del conservador Turgut Ozal, a comienzos de los ochenta, o en el Gobierno del islamista Necmettin Erbakan (1996-1997), quien fue forzado a dimitir por las presiones de las Fuerzas Armadas en medio de la caza de brujas contra el integrismo. Los ayuntamientos -como el de Estambul (más de 12 millones de habitantes), que dirigió el propio Erdogan- son su principal activo de gestión.

Sus primeros mensajes a los mercados internacionales han sido de moderación: un horizonte económico limitado por la Unión Europea (destino y origen de más de la mitad del comercio turco) y acotado por los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de estos objetivos era lograr un superávit primario del sector público del 6,5% del PIB el año que viene. Según los informes de analistas internacionales, la totalidad de los impuestos en Turquía se dedica ahora al servicio de la deuda, mientras que a comienzos de los años noventa bastaba con una tercera parte de la recaudación. Los islamistas moderados turcos parecen desentenderse de dicha política fiscal rigurosa, y ya han anunciado su intención de bajar la presión fiscal para reactivar la economía y el empleo.

'Turquía es un país con impuestos altos que casi nadie paga', define la situación un observador económico occidental, 'y donde el peso de la economía sumergida no es menor del 50% del PIB'. Los recargos fiscales y la inflación galopante -70% de media anual durante la década de los noventa- han contribuido también a desincentivar la inversión extranjera en Turquía. Un reciente informe del Deutsche Bank destaca, además, la preocupación de los inversores internacionales sobre posibles 'tensiones entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo y la cúpula militar'.

El equipo económico de Erdogan ha anunciado que respetará los compromisos con el FMI para rescatar a Turquía de la bancarrota de 2001. La inestabilidad política, el incumplimiento del anterior acuerdo con el FMI y la fragilidad del sistema bancario forzaron la libre flotación de la lira y el colapso del programa económico. Pero el Partido de la Justicia y el Desarrollo no parece tener un líder económico a la altura del ex ministro de Economía Kemal Dervis, que diseñó el plan de salvación en el anterior Gobierno. El propio Erdogan ha incurrido en sucesivas contradicciones durante su campaña. 'A su política económica le ha faltado claridad', sostiene un diplomático occidental 'y aún tiene que enfrentarse a su hora de la verdad en el Gobierno'. Además de confirmar con hechos su voluntad de acercamiento a la Unión Europea, los islamistas moderados tendrán que lanzar desde Ankara mensajes coherentes sobre la solidez de sus propuestas económicas.

Negociar la deuda

Con un PIB del orden de los 150.000 millones de dólares en 2001, el nuevo Gobierno islamista aspira a renegociar (roll-over) en letras y bonos del Tesoro unos 50.000 millones de su deuda actual, es decir, un 80% del total. Y frente al rigor que exige el vigente acuerdo con el FMI, definido a través de los llamados hitos estructurales, el nuevo Gabinete podría caer en la tentación del populismo. Por ejemplo, los analistas del Banco Mundial consideran que en el sector público turco hay 46.000 puestos de trabajo excedentes, dos tercios de los cuales deben ser suprimidos. De los 31.000 millones de dólares comprometidos por el FMI con Ankara, ya han sido desembolsados 28.000. La entrega del resto quedó aplazada para después de los comicios y, en gran medida vinculada al reajuste de plantilla en el sector público. Es decir, los 3.000 millones restantes dependen del despido de 30.000 empleados públicos.

Con ésta y otras difíciles papeletas, el Gobierno del AKP tendrá que enviar, nada más tomar posesión, una carta de intenciones al FMI. Sólo entonces se sabrá con certeza cuáles son los planes del nuevo equipo económico de Ankara, en el que se baraja como ministro a Alí Kosün. Ante la inhabilitación legal de Erdogan, el previsible próximo primer ministro será también un experto financiero: Abdalá Gül, antiguo ejecutivo de la gran banca árabe en Londres y El Cairo.

Otra de las notas diferenciadoras de los islamistas moderados es su alejamiento de los grandes conglomerados económicos surgidos desde hace 20 años en Turquía a la sombra del poder político. Holdings todopoderosos como el grupo Koç o el grupo Sabanci se han integrado en la gran patronal prooccidental TUSIAD, mientras el Partido de la Justicia y el Desarrollo ha estrechado lazos con las pequeñas y medianas empresas de la organización MUSIAD, conservadora y religiosa.

Tampoco parece que Erdogan vaya a impulsar modelos de banca islámica que prohíba los impíos intereses. El sistema bancario turco acaba de salir de un cataclismo. La banca pública, controlada por los partidos en el poder, acumuló enormes pérdidas al conceder créditos incobrables por puro clientelismo político. El Estado tuvo que aportar 20.000 millones de dólares, sufragados mediante letras del Tesoro, para sanear la banca pública.

De los 81 bancos que tenían licencia de actividad en Turquía en 1999 se ha pasado a 59 en la actualidad. Y 19 entidades fueron intervenidas por el Fondo de Garantía de Depósitos. 'Cuando llegó Kemal Dervis desde el Banco Mundial para hacerse cargo de la cartera de Economía y poner orden en la banca, en Turquía había varias rumasas a punto de estallar, con concentraciones de riesgo insoportables', explica un analista económico internacional en Ankara. Éste fue el caso de los bancos del grupo Çukorova, en el que el Yapi Credit absorbió al Pamuk Bank para intentar diluir sus números rojos sin informar a los accionistas minoritarios de la situación real. Ambas entidades fueron finalmente intervenidas a pesar de las relaciones del propietario del grupo con el entonces primer ministro, Bulent Ecevit.