El Tribunal Superior catalán anula un juicio porque no se evaluó si hubo móvil racista

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el juicio por el crimen de un español de origen marroquí, ocurrido en Barcelona en septiembre de 2000, porque el magistrado que presidió la vista no permitió al jurado que se pronunciara sobre si hubo móvil racista. Los jueces del TSJC admiten que, a efectos jurídicos, ese detalle sólo variaría en seis meses la pena impuesta, pero añaden que el juez se extralimitó porque eran los miembros del jurado quienes debían evaluar las pruebas. El juez, sin embargo, entendió que no había pruebas en ese sentido y eliminó el móvil del crimen en el objeto del veredicto, que son las preguntas sobre las que ha de pronunciarse el jurado, pese a que en el auto de hechos justiciables dictado por ese mismo juez antes de la vista se recogía ese aspecto.

La sentencia que anula el juicio y de la que ha sido ponente Guillem Vidal, presidente del TSJC, afirma también: 'La familia de la víctima tiene todo el derecho a conocer si su marido o padre fue abatido por el simple hecho de ser de raza árabe, con violación así de su derecho fundamental a ser respetado cualquiera que sea su raza, religión o etnia, o si, por el contrario, en nada influyó tal condición'.

Hamid Saada, de 37 años y padre de tres hijos, fue asesinado de un tiro en la cabeza por Domingo Correa Almendros la noche del 9 de septiembre de 2000. El crimen se produjo sin mediar palabra, cuando el agresor salía de un pub de la calle de Aribau y se encontró a su víctima por la calle. El acusado se declaró inocente en el juicio y aseguró que no llevaba más arma que una pistola de juguete. Sin embargo, a partir del veredicto del jurado se le condenó a dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas y a otros nueve años y medio de prisión por homicidio. El magistrado que presidió el juicio fue Jesús María Barrientos, portavoz en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura. Las acusaciones, entre ellas el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerció la acción popular, calificaron los hechos como asesinato y reclamaron 20 años de cárcel para Domingo Correa.

La defensa del acusado anunció ayer que recurrirá contra la sentencia ante el Tribunal Supremo al considerar que 'el juez hizo lo que tenía que hacer'.