Urbanismo dice que caería en un 'sistema policial' si interviniera

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, afirmó ayer que la Administración 'no puede intervenir' en un caso como el de la presunta estafa en las viviendas de los nuevos barrios. 'No estamos en un sistema policial donde papá Estado vigila los movimientos de todos sus miembros. Esto es una estafa que se debe denunciar en el marco adecuado y eso es lo que se hace en un Estado de derecho como el nuestro; las administraciones poco podemos hacer, porque no se trata de que cada vez que se produzca algo ilegal o una estafa por cualquier motivo sea la Administración la que intervenga: dejemos que cada foro resuelva los temas que le correspondan'.

En opinión de Cortés, 'son los tribunales los que tienen que hablar y es a ellos a los que se debe recurrir, no tiene nada que ver la materia urbanística', ya que 'toda la apariencia es la de una estafa pura y dura'.

El vicepresidente argumentó que en el caso de que se produjeran atracos a muchas farmacias, 'nadie pediría a la Administración que se haga cargo'. El vicepresidente afirmó que 'la Administración no puede estar encima de la actuación de cada ciudadano, porque ningún país lo hace', señaló. 'Sólo se acerca a conseguir eso en las dictaduras, pero eso no es lo que quiere la gente'.

'Punta del iceberg'

Por su parte, Rafael Simancas, secretario general del PSOE en Madrid y candidato a la Comunidad, manifestó ayer que el caso CPV es 'sólo la punta del iceberg' de 'la dificultad que tienen, sobre todo los más jóvenes, para acceder a una vivienda'.

En declaraciones al programa El Círculo a primera hora de Telemadrid, Simancas propuso la creación de consorcios urbanísticos presididos por el alcalde y el presidente de la Comunidad o sus representantes. De esta manera, según el candidato socialista se conseguiría 'establecer el planteamiento en función del interés público'.

'Los nuevos barrios de Madrid están llenos de casos como el de CPV. Por eso, hemos pedido una auditoría inmediata y oficinas de información para que la gente sepa a qué atenerse y que derechos les ampara'.

Simancas propuso también llegar a un acuerdo con los promotores de viviendas para que, en los nuevos desarrollos urbanísticos, haya un porcentaje determinado de pisos que sean accesibles para personas discapacitadas. Simancas señaló que las personas discapacitadas tienen 'más problemas y más grandes' que el resto de ciudadanos para acceder a una vivienda.