Las haciendas forales comienzan a analizar una alternativa para el IAE

Las haciendas vascas, pese a estar en desacuerdo con la exención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al 92% de los contribuyentes, como recoge el proyecto de ley de Haciendas Locales aprobado por el Gobierno central, han asumido ya la necesidad de adaptarse a esta reforma. Las tres diputaciones y el Ejecutivo vasco analizan en estos momentos las consecuencias de esta medida y decidirán 'a corto plazo' el sistema de financiación municipal en Euskadi. La futura ley dejará exentos de tributación a 2.118.863 contribuyentes en España, básicamente pequeñas y medianas empresas y autónomos que facturan menos de un millón de euros (el 92% de los sujetos pasivos del IAE). El Ministerio de Hacienda prevé compensar a los ayuntamientos con un aumento del 30% en este tributo a las grandes empresas y la participación en otros impuestos. La desaparición casi total del IAE supondría en Euskadi la pérdida de 108 millones de euros de recaudación anual, según Eudel.

Los ayuntamientos vascos han reaccionado con preocupación ante la inminente aplicación de esta medida que 'daña gravemente' sus finanzas. El IAE representa, después del IBI (el impuesto de la contribución urbana), la principal fuente de ingresos para los municipios: alrededor del 20% de la recaudación por impuestos. Por ello, Eudel reclama al resto de las instituciones vascas 'un esfuerzo conjunto' para 'diseñar un marco impositivo local propio' que garantice 'la autonomía municipal' y la 'suficiencia financiera' de los ayuntamientos, afirma su presidente, Karmelo Sáinz de la Maza, alcalde peneuvista de Leioa.

Las haciendas vascas podrían quedarse al margen de la futura ley en virtud de la amplia autonomía normativa que les concede el Concierto Económico para regular el sistema tributario local. Sin embargo, finalmente optarán por un 'modelo parecido' al impulsado por el PP atendiendo a los 'principios generales armonizadores de la estructura impositiva del Estado', según fuentes consultadas. 'La influencia de una medida de esta envergadura es enorme y ejerce una presión política muy clara sobre el País Vasco, porque afecta a un colectivo amplio e importante de contribuyentes', reconoce un alto cargo de las haciendas forales para justificar la probable traslación al País Vasco, con algunas salvedades, de la reforma promovida por el Gobierno de Aznar.

La extinción del IAE para las empresas que facturan por debajo de un millón de euros al año, que el PP ha impulsado con el objetivo de 'incentivar la creación de empresas y generar empleo', supondrá una merma importante en los ingresos de los municipios. El Ayuntamiento de Bilbao ingresa 24 millones de euros al año por este tributo al que están sujetos unos 30.000 contribuyentes. El alcalde bilbaíno, el peneuvista Iñaki Azkuna, asegura que esta medida supondrá 'una reducción de la capacidad de obtener recursos para los gobiernos locales', y exige la promulgación urgente de una ley municipal vasca y 'la participación del poder local en el Consejo Vasco de Finanzas', donde ahora solamente están representados el Gobierno autónomo y las tres diputaciones.

Merma de recaudación

El alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza, también ha censurado la decisión de suprimir el IAE, que significará la pérdida de 12,1 millones de euros para las arcas municipales. 'San Sebastián verá mermada en un 75% la recaudación por este impuesto. Su supresión debería ir acompañada de otros ingresos adicionales con el mismo importe', afirma. En Vitoria, donde gobierna el PP, los efectos financieros de esta decisión se elevan a 10,5 millones de euros. El regidor, Alfonso Alonso, confía en que la pérdida de recursos por esta vía sea compensada por las diputaciones con un aumento de la asignación económica que los municipios reciben por el IVA.

Vizcaya y Guipúzcoa, contrarias a repetir el modelo aprobado por Madrid, consideran que el nuevo sistema de financiación municipal es 'un berenjenal enorme' y 'una decisión de cara a la galería'. De haberse aprobado en el País Vasco, se nos hubiese acusado de crear un paraíso fiscal', apunta un representante de la hacienda vizcaína. El descontento alcanza a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la patronal CEOE e incluso las compañías de telefonía móvil, que con la nueva ley deberán cotizar en función del número de usuarios en cada municipio.

La reforma de la financiación municipal, según las haciendas vascas, tiene un componente de 'inoportunidad' al decidirse a finales de año, 'sin margen de maniobra' y cuando los ayuntamientos están inmersos en la aprobación inicial de sus ordenanzas fiscales para 2003. La apretura de plazos que impone la tramitación de la ley del Gobierno genera una 'situación muy complicada' para las corporaciones locales, aunque el Ministerio de Hacienda ha anunciado que la propia ley establece un periodo transitorio de tres meses, hasta el 1 de abril de 2003, para adaptar su normativa fiscal al nuevo modelo de financiación local, que entrará en vigor el día 1 de enero.

Los ayuntamientos también han elevado sus protestas por la desigual repercusión de la ley en la situación financiera de los municipios, pues 'depende de la implantación empresarial' existente en cada municipio. Las haciendas vascas estudian asimismo de qué forma compensar a éstos por la pérdida de esta importante fuente de ingresos.