Cambios 'por la puerta de atrás'

Las tímidas modificaciones legislativas en el sector audiovisual se han hecho en los últimos años a golpe de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Ése fue el procedimiento utilizado por el Partido Popular para adscribir RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y para definir la función de servicio público, que implicaba introducir cambios en el Estatuto del Ente Público.

La misma fórmula se ha aplicado este año para permitir que un accionista pueda tener el control del 100% de las acciones de una cadena de televisión privada, eliminando así el tope del 49% vigente desde 1998. También algunos aspectos de la normativa sobre televisiones locales se han remozado a través de la Ley de Acompañamiento, en trámite parlamentario.

La oposición considera que estos cambios, introducidos 'por la puerta de atrás', hurtan el debate al Parlamento y emplaza al Gobierno a abordar la reforma global y consensuada del modelo audiovisual, que abarcaría tanto al sector público como al privado. En el primer caso se considera indispensable la reforma del Estatuto de RTVE, redactado hace más de dos décadas y a todas luces obsoleto, y la búsqueda de soluciones a la gigantesca deuda de la televisión pública (6.000 millones de euros a finales de 2003). También la ley del Tercer Canal, que regula los entes autonómicos, está desfasada. La reforma planteada por el PP va enfocada a permitir la privatización en parte de los canales regionales de titularidad pública, una propuesta incluida en su programa electoral.

Para rediseñar el modelo audiovisual, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, tiene previsto presentar antes de que termine el año una nueva ley con la vista puesta en la tecnología digital. La improvisación del PP en este terreno se ha traducido en la concesión de emisoras de radio y cadenas de televisión digitales que no pueden oirse ni verse y la quiebra de la plataforma digital terrestre Quiero TV.