Colectivos vecinales, políticos y sindicales protestan en Marbella contra la gestión urbanística del GIL

Bajo el lema Salvemos el patrimonio de Marbella, unas 600 personas se manifestaron anoche en las calles de la ciudad malagueña 'contra la política especulativa' del equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL). La protesta fue convocada por vecinos del arroyo Guadalpín y respaldada por 50 comunidades de propietarios, todos los partidos de la oposición, sindicatos y asociaciones ecologistas y culturales. Pese al gran número de adhesiones, la marcha estuvo lejos de reunir a las 4.000 personas que protestaron contra el urbanismo del GIL hace tres años.

La marcha de ayer, organizada por la Plataforma en Defensa del Paraje Natural del arroyo Gualdalpín, se convocó para contestar al proyecto de construcción de más de un millar de viviendas en este entorno ecológico. El respaldo de medio centenar de comunidades de vecinos, de la oposición municipal y de los sindicatos hacía prever una mayor concurrencia, pero finalmente los manifestantes no llegaron a un millar.

La de Guadalpín no fue la única actuación municipal que recibió ayer las críticas de los vecinos, que también rechazaron otros convenios urbanísticos para construir en suelos forestales, zonas verdes y equipamientos, y contrarios al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

'Nos hemos visto obligados a salir a la calle. Hay que decir basta ya a lo que están haciendo, y ésta será la primera de una serie de actuaciones para que el equipo de gobierno respete la voz de los ciudadanos', explicó Javier Carretero, portavoz de la plataforma vecinal.

Los manifestantes, que recorrieron el centro de la ciudad, pidieron la dimisión del alcalde, Julián Muñoz, y del gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, con pancartas en las que se leían frases como: 'Marbella, récord en una legislatura. Dos alcaldes condenados, premio a la honradez', o 'de fuera han venido y 64.000 millones de pesetas han desaparecido' (en referencia a los gastos públicos sin justificar detectados por el Tribunal de Cuentas).

Desde hace un mes se han multiplicado las críticas contra las actuaciones urbanísticas del partido de Jesús Gil. Pero sobre todo se han creado en dos semanas hasta tres plataformas ciudadanas para reivindicar la legalidad urbanística y reclamar infraestructuras, zonas verdes y equipamientos. Rechazan sus miembros las recalificaciones masivas de suelo y defienden el regreso al urbanismo de baja densidad.

El alcalde de Marbella criticó la manifestación y aseguró que 'pretende crear alarma social y soliviantar a los ciudadanos'. Muñoz insiste en la legalidad de las actuaciones urbanísticas y afirma que la zona del Gualdalpín y la finca El Pinillo, en la que se pretenden construir más de 1.000 viviendas, está calificada como suelo urbano y urbanizable programado. El PSOE asegura que el PGOU vigente contempla un máximo de 266 viviendas para esta zona. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, sostiene que pese a ello el GIL ha dado el visto bueno a cinco promociones en suelo rústico, de equipamiento, zonas verdes y sistemas generales de áreas libres.