Los mimbres de la Constitución

El 4 de julio de 1977, Adolfo Suárez presidió el primer Gobierno democrático constituido en España después de la II República (1931-1936). La llegada de las libertades, después de cuarenta años de dictadura franquista, coincidió al igual que la experiencia republicana con una profunda crisis económica internacional que amenazaba seriamente la estabilidad del naciente Estado democrático.

El recuerdo de las dificultades económicas de la República española seguía vivo en la memoria de los líderes políticos que afrontaron la construcción de la presente democracia española hace ahora algo más de un cuarto de siglo.

El profesor Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico en este primer Gobierno democrático, ha recordado en numerososas ocasiones este paralelismo histórico. Fuentes, que ya tuvo un papel destacado en la elaboración del Plan de Estabilización en 1959, impulsó un gran acuerdo político que se materializó en octubre de 1977 y que fue conocido como Pactos de La Moncloa. Su proyecto era 'definir un programa de reformas que permitiera superar la crisis para llegar a la Constitución', que se aprobó en diciembre de 1978.

La situación que afrontaba España era de emergencia. La inflación era del 44%

Carrillo apoyó desde el principio los pactos por el peligro que se cernía sobre la democracia

Situación de emergencia

La situación que afrontaba España era de emergencia. Los datos son elocuentes. En los meses de julio y agosto la tasa de inflación se aproximaba al 44% y algún economista pronosticaba en aquellos momentos que si no se tomaban medidas en diciembre llegaría al 100%. La subida del precio el petróleo de 1,6 a 14 dólares por barril entre 1973 y 1974 había provocado una fuerte crisis en las economías occidentales. En España la situación era más grave porque los últimos Gobiernos del franquismo no habían tomado medidas, confiando en 'puentear la crisis'. Se aceleró la pérdida de competitividad, la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones cayó del 56% en 1972 al 49% en 1976. La sangría de reservas era imparable y el propio Fuentes temía que el país pudiera llegar a la suspensión de pagos.

Ante el aumento de las dificultades exteriores, la inversión empresarial registró una drástica caída y el paro no tardó en dispararse. A finales de año se contabilizaban 700.000 parados, de los que menos de la mitad contaban con seguro de desempleo.

Este panorama se veía agravado por una dialéctica perversa que empujaba a los sindicatos a 'romper los topes salariales' para recuperar el poder adquisitivo. La conflictividad laboral, en la que se mezclaba la lucha política y sindical, movilizó a más de tres millones de trabajadores en 1977 con más de 16 millones de jornadas perdidas. Los aumentos salariales superaron el 30%.

Quizá por ello uno de los aspectos centrales de los Acuerdos de La Moncloa iba dirigido a poner fin a esta espiral de precios y salarios. El gran cambio consistió en sustituir la subida de los salarios según la inflación pasada por unos aumentos en función de las previsiones del Gobierno para el año siguiente. Así, frente a una inflación del 26,4% registrada en 1977, el Gobierno fijó el límite del 22% para 1978.

Uno de los aspectos más notables que caracterizó los pactos, tanto los de naturaleza económica como los de política, aunque éstos no fueron firmados por Alianza Popular (hoy Partido Popular), fue la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos. Las primeras gestiones fueron realizadas por José Luis Leal, quien procedente del exilio de París, se hizo cargo de la Dirección General de Política Económica el 10 de septiembre de 1977. En menos de dos meses se alcanzó el acuerdo que se firmó el 25 de octubre siguiente. Leal, quien posteriomente sería ministro de Economía en dos Gobiernos de Suárez, recibió el encargo de Fuentes Quintana de diseñar un programa de ajuste, teniendo en cuenta su experiencia como economista de la OCDE. Leal organizó un equipo de trabajo que contaba con Ángel Rojo, jefe de Estudios del Banco de España y posterior gobernador del mismo, que contó con la ayuda del economista del banco emisor José Pérez; Blas Calzada, director general de Estadística, actualmente presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y del subsecretario del Ministerio, Manuel Lagares, actual catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Fuentes tenía el respaldo total del vicepresidente político Fernando Abril Martorell, quien a finales de septiembre mantuvo los primeros contactos con Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, legalizado cinco meses antes. Según explicó Leal en la conferencia que dictó recientemente en la Universidad de Alcalá de Henares, Elogio de la transición. El Acuerdo de La Moncloa y la Constitución, al recibir el doctorado honoris causa,Carrillo apoyó desde el primer momento un acuerdo de este estilo, 'pues era plenamente consciente de los peligros que se cernían sobre la entonces frágil democracia'.

La posición de los socialistas fue, sin embargo, mucho más reticente al principio. El entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González, admitió en el plenario del Congreso de los Diputados celebrado el 27 de octubre: 'Nuestra actitud era una actitud dura, reticente y crítica y lo ha sido durante todo el periodo de negociación'. Pero acabó su intervención destacando que el acuerdo había sido positivo. El contenido de los pactos no se limitaba a un duro ajuste económico sino también a un ambicioso y profundo plan de reformas económicas y políticas (ver cuadro adjunto), que fueron los mimbres de la Constitución.

Para Joan Trullén, profesor de Política Económica, de la Universidad de Barcelona, autor de uno de los libros más citados sobre la materia, Fundamentos Económicos de la transición política española, ' los Pactos de La Moncloa constituyeron las bases para la construcción del Estado de bienestar en España'.

José María Triginer, dirigente del PSOE y de la UGT en Cataluña y firmante del acuerdo, describe la fragilidad del Estado en todos los aspectos en aquellos momentos cuando Suárez les comentó que habían detenido a un comando del GRAPO con planos de La Moncloa'. Triginer subraya también el esfuerzo que tuvo que realizar González entre su militantes para convencerles de las bondades del acuerdo. 'En Barcelona', recuerda, 'hizo un discurso socialdemócrata en el que explicó la necesidad de implicar a los trabajadores en la marcha de la economía del país. Fue recibido con silbidos pero acabó entre aplausos'.

Del coste que significaron los pactos para los trabajadores deja constancia uno de sus defensores, Carles Navales, entonces un destacado sindicalista de Comisiones Obreras, en el Baix Llobregat, una de las zonas con mayor tradición de lucha del cinturón industrial de Barcelona. Para Navales, 'a la clase obrera española hay que reconocerle que priorizara la necesidad de consolidar la democracia aunque ello fuera costa de perder muchos puestos de trabajo'. Las cifras son reveladoras. El número de ocupados españoles, 12,5 millones en 1977, fue descendiendo continuamente en los años sucesivos y no volvió a recuperarse hasta 1989.