El juez considera delito la ejecución de la carretera Cabanes-Oropesa

Las obras ejecutadas en la carretera Cabanes-Oropesa no suponen un delito ecológico. Sin embargo, si la Consejería de Obras Públicas ejecuta el vial con el proyecto actual, incurrirá en el 'grave riesgo perjudicial al medio ambiente' tipificado en el Código Penal. La existencia de un molusco cavernícola (gamba de Miravet) en unas cuevas cercanas provocó la presentación de una querella por delito ecológico.

El titular del juzgado de primera instancia número 6 de Castellón, Rafael Jiménez, dictó ayer el sobreseimiento provisional de la querella presentada por el ministerio fiscal y el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), contra dos cargos de la consejería, Pedro Marco y Josep Llin Belda por un presunto delito ecológico. El sobreseimiento conlleva el levantamiento de la medida cautelar, dictada en junio de 2000, de paralización de las obras en un tramo de seis kilómetros. Pese a aquel dictamen judicial, la consejería optó por iniciar las obras por los extremos del tramo paralizado. Ahora, el juez entiende que las obras realizadas hasta el momento no constituyen delito alguno pero señala que 'la ejecución del trazado proyectado por los tramos actualmente objeto de la medida cautelar adoptada (...) conllevará el elemento típico del grave riesgo perjudicial para el medio ambiente, cuya ausencia actual determina el sobreseimiento'.

El abogado del grupo conservacionista, Héctor Fernández, expresó ayer su satisfacción porque, pese a que no se ha abierto el juicio oral que el colectivo solicitaba, el auto 'sí sienta las bases suficientes como para que el proyecto no se pueda concluir, ya que el juez no se refiere a la posibilidad de incurrir en un delito si se ejecutan las obras, sino que afirma que las mismas conllevan la comisión del delito'.

El auto indica que el autor del delito, en el que caso de que la consejería ejecute las obras, será quien dictamine la realización de las mismas, es decir 'quienes aparezcan entonces como responsables', tal como señala el auto. El delito ecológico implica penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, multa e inhabilitación. El consejero José Ramón García Antón expresó ayer, ante los micrófonos de Ràdio 9, su confianza de poder construir la carretera sin cometer un delito ecológico.