La promotora CPV admite que vendió el suelo donde iba a levantar 1.200 casas

El caso de la promotora CPV, que pidió en 1998 una media de 18.000 euros a 1.200 familias para construirles casas en los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro, ha dado un giro. No es que la promotora no cuente con el suelo para levantar las casas a causa de un supuesto 'litigio' sobre la propiedad de los terrenos, como afirmaba hasta ahora, sino que esos terrenos los vendió 'a distintos compradores' en 2001. Así lo admitió ayer el director de la promotora, Francisco García, que no precisó la identidad de las personas o empresas que le compraron el suelo.

Aparte de las seis familias que ya se han querellado por estafa contra CPV (véase EL PAÍS de ayer), otras 146 anunciaron ayer acciones judiciales. Exigen una indemnización por daños y perjuicios y la devolución del dinero.

Un portavoz del Gobierno regional indicó que se trata de 'un caso de fraude' y que los afectados deben 'acudir a los tribunales'.

La promotora intentó explicar ayer en una rueda de prensa por qué no se habían construido las 1.200 casas. Tras una tensa reunión con algunos afectados, García, prometió que iba a comprar ahora solares para levantar 'entre 50 y 60' viviendas que venderá al precio convenido. Una promesa difícil de cumplir: el coste del suelo en los nuevos barrios se ha disparado en los últimos años.

CPV captó en 1998 a 1.200 familias a las que ofreció casas de dos dormitorios a 75.000 euros y de tres a 96.000. Tras cuatro años manejando ese dinero, CPV lo está devolviendo ahora, pero sin intereses y mediante pagarés a 60 días que, en algunos casos, carecen de fondos.

Luis García Botella, abogado de un centenar de familias, indicó ayer que el pasado mes de septiembre interpuso una demanda civil contra CPV en nombre de 30 personas afectadas por este supuesto fraude y anunció que en breve presentará otra sucrita por otros 100 damnificados. Víctor Cervera, abogado de otras tres familias afectadas, indicó que él exige a CPV la devolución de unos 100.000 euros (algo más de 16 millones de pesetas) y que no descarta emprender también la vía penal. 'Está claro que mis clientes no pueden comprar una casa en esos barrios al precio que pactaron hace cuatro años; por eso, vamos a pedir que se les indemnice por la diferencia y por lo que han subido las viviendas desde entonces', explica. Además de estas 133 familias, otras 13 telefonearon ayer a este periódico, visiblemente indignadas, para anunciar que llevarán a CPV ante los tribunales.

120.000 metros cuadrados

Los demandantes coinciden en señalar que detrás del caso CPV subyace 'el fraude y la especulación' que está sufriendo el abundante suelo que recalificó el Ayuntamiento de Madrid en los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro. El director de la inmobiliaria, Francisco García, admitió ayer que CPV tenía en 1999 unos 120.000 metros cuadrados en los tres barrios para 1.200 familias, pero que éstos fueron vendidos 'a diferentes compradores', sin explicar cuáles.

El dinero obtenido con la venta del terreno, según García, se ha gastado en 'infraestructuras, para pagar al personal, las oficinas y el servicio de atención al cliente', entre otros. El director de la promotora aseguró no recordar cuánto dinero había ganado con la venta. Y añadió que el suelo se vendió porque muchas de las familias que ya habían pagado para obtener una vivienda decidieron pedir la devolución: 'La gente ha sacado su dinero porque estos procesos son largos. La gente se aburre y prefiere adquirir su vivienda en otro sitio', dijo.

García añadió que la inmobiliaria le ha devuelto 2.500 millones de pesetas a 945 familias. El hecho de que algunas familias que han reclamado hayan recibido pagarés sin fondos se debe, según García, a 'incidencias por las vacaciones', pero se comprometió a devolver el dinero a los que reclamen a partir del viernes. Además, prometio que su empresa comprará solares en los nuevos barrios para levantar unas 150 viviendas. De las 1.200 familias iniciales, 255 siguen sin recuperar el dinero. Si finalmente construye 150 viviendas, se quedarán fuera del cupo un centenar de afectados. '¿Que van a comprar terrenos? Es la primera noticia que tenemos', indicó ayer un afectado, incrédulo. 'Hasta ahora se habían limitado a decir que no disponían de solares y que sólo podían devolvernos el dinero, pero sin intereses'.

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, exigió ayer al Ayuntamiento y al Gobierno regional que abran, de oficio, una investigación y que se depuren responsabilidades. Un portavoz del Gobierno regional señaló, por su parte, que se trata de un 'caso de fraude' y sugirió a los afectados acudir a los tribunales. 'No podemos abrir una investigación porque no hemos recibido ninguna denuncia', explicó el citado portavoz.

Simancas replicó al respecto: 'El Gobierno regional no debe esperar a recibir denuncias de los ciudadanos. La Administración debe de oficio controlar y sancionar a quienes se aprovechan ilícitamente de la desesperación de muchos madrileños necesitados de vivienda'.

Para atajar la especulación del suelo que existe en los nuevos barrios, lo que se traduce en incrementos vertigionosos del precio las viviendas, el PSOE 'considera imprescindible abrir oficinas de información en cada uno de los nuevos barrios que asesoren a los ciudanos de sus derechos'. Esta petición es compartida por Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid. Simancas y Sabanés reclaman que la Administración asuma sus competencias para evitar fraudes inmobiliarios.

El PSOE responsabiliza al PP de la especulación en los barrios. 'El PP en el Ayuntamiento de Madrid optó por el modelo de las juntas de compensación, que otorga a la iniciativa privada toda la capacidad para decidir sobre planeamiento, plazos y formas de ejecución', asegura.

El PSOE propone para los desarrollos urbanísticos el modelo de consorcio público, que respeta los intereses privados en juego pero que mantiene el control público.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcobendas recordó ayer que no posee ningún terreno en los nuevos barrios a pesar de que García achaca a problemas burocráticos de este municipio la falta de construcción de las viviendas.