Patronales, Uso y Fsie exigen a la Junta la paga por antigüedad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga vio ayer para sentencia el conflicto colectivo planteado por los sindicatos Uso y Fsie para dirimir quién abonará la paga por antigüedad a los docentes de la enseñanza privada concertada en Andalucía. Este coste podría rondar los 54 millones de euros. Uso, Fsie y las patronales responsabilizan a la Junta de Andalucía, que prefiere que se estudie caso por caso y rechaza una condena general.

Los sindicatos Uso y Fsie y las patronales de la enseñanza concertada EG, CECE y Aces argumentaron que, al ser la paga por antigüedad un salario, debe ser afrontado mediante el pago delegado de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades Autónomas en el capítulo de gastos variables de los centros concertados, en los que también se incluyen las bajas por enfermedad, por maternidad y otros pagos.

El abogado de la Consejería de Educación, Rafael Bermúdez, alegó que las reclamaciones de paga por antigüedad realizadas por los docentes deben ser estudiadas caso por caso, por lo que solicitó al tribunal que desestime el conflicto colectivo. El único caso resuelto por el TSJA -la misma Sala que ayer actuaba- eximió a la Junta y condenó a un colegio de Málaga a abonar la paga de una profesora. Bermúdez agregó que la Administración estaría obligada a pagar siempre que el centro no supere los gastos variables.

La paga por antigüedad sustituye al anterior premio de jubilación y fue introducida en 2001 por Uso, Fsie y las patronales en el IV Convenio Colectivo de la privada concertada, acuerdo de carácter nacional y vigente hasta 2003. UGT y CC OO se opusieron al acuerdo, que no fue firmado por la Administración andaluza.

Los organizaciones patronales incidieron en que, del mismo modo que antes la Administración hacía frente al premio de jubilación, ahora debería abonar este salario, que a su entender es más barato. Por tanto, la patronal EG argumentó que a partir de 2001, cuando se firma el convenio, la Junta podía haber impugnado el acuerdo laboral o debería haber adecuado sus presupuestos a los gastos que generaría la paga. La cifra rondaría los 54 millones de euros, ya que unos 8.800 docentes reúnen los requisitos para solicitar el salario: superar los 25 años de servicio o ser mayor de 50 y acumular 15 años de experiencia.

Por su parte, Rafael Bermúdez concluyó que en ningún momento se le preguntó a la Junta de Andalucía sobre un artículo -el número 61 del convenio- del que no se harían cargo ninguna de las partes firmantes.

UGT y CC OO solicitaron ser excluidos del proceso judicial por no firmar el convenio.