El fiscal y los partidos piden que Pepi Mahugo no entre en prisión

El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, envió ayer un escrito a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid en el que reclama a los jueces que suspendan el ingreso en prisión de Josefa Mahugo Hernández, de 49 años. Sobre esta mujer, conocida entre sus amistades como Pepi, pesa una orden judicial para que cumpla la condena de tres años de cárcel que le impuso la Audiencia hace siete por traficar con seis gramos de heroína. Sus vecinos y los grupos parlamentarios de IU y PSOE han pedido el perdón para Josefa, que mantiene económicamente a su familia.

Al tiempo que pide la suspensión de la condena, la fiscalía insta a Mahugo a que vuelva a solicitar el indulto al Gobierno (ya lo pidió en 1998 y le fue denegado). El informe de la fiscalía remitido al tribunal que lleva el caso de Pepi considera que ahora sí procede suspender la ejecución de la condena que pesa sobre ella (en 1998, la fiscalía se opuso a la primera petición de perdón). De esta mujer dependen tres de sus seis hijos, de 13, 11 y 8 años, ya que su marido está enfermo y no puede trabajar.

Tras su condena hace siete años, Mahugo recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo en julio de 1998, pero éste ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial, que condenaba a la mujer a tres años de prisión menor. Desde entonces, ha logrado esquivar la cárcel en las dos ocasiones en que el tribunal intentó ejecutar la sentencia. La primera vez fue el 18 de septiembre de 1998, cuando acudió al tribunal y pidió que le suspendieran la condena hasta que el Gobierno resolviera el indulto que había solicitado. Los jueces, con la oposición de la fiscalía, aceptaron la petición y accedieron a congelar la condena hasta que se resolviese la petición de indulto.

El Ejecutivo, finalmente, le denegó el indulto en 1999, pero Mahugo no se rindió. Volvió a pedir al tribunal que dejase en suspenso su ingreso en prisión alegando motivos de salud y el hecho de que tenía que cuidar de sus tres hijos en ausencia de su marido, preso.

Los jueces, en este caso también contra el criterio del fiscal, aceptaron nuevamente no ejecutar la sentencia, pero con una condición: cuando su esposo saliese de la cárcel, entraría ella. Al quedar libre el marido de Mahugo el pasado 20 de agosto, la Audiencia volvió a ordenar el cumplimiento de la condena, pero en esta ocasión los magistrados se encontraron con que decenas de vecinos de Alto del Arenal (Vallecas) -donde viven Pepi, su marido y sus tres hijos menores- se echaron a la calle el pasado domingo para recoger firmas pidiendo la paralización de su ingreso en prisión.

La historia de Pepi comenzó una noche de junio. Ella y su marido, Antonio Morales, fueron detenidos en la madrugada del 17 de junio de 1993. Según la sentencia de la Audiencia Provincial, de fecha 4 de julio de 1995, la mujer salió de un coche que conducía Antonio, entró en el domicilio de una supuesta traficante en la calle de Ramón Pérez de Ayala (Puente de Vallecas), y compró dos bolsitas de heroína que contenían 6,6 gramos de esta droga. Al llegar a su casa y ver que la policía les estaba esperando, Pepi rompió las bolsas para deshacerse de la mercancía, que quedó esparcida dentro del coche.

Dos años más tarde, ella y Antonio fueron condenados por un delito contra la salud pública a tres años de prisión cada uno y a pagar un millón de pesetas. El tribunal consideró que la heroína no era para consumo individual, sino que estaba 'destinada a su transmisión a terceras personas'.

La Fiscalía de Madrid, en el informe redactado ayer, se muestra ahora de acuerdo con que se paralice la ejecución de la condena hasta que Mahugo pida de nuevo el indulto y el Gobierno se pronuncie. Cuenta con el decidido apoyo de sus amigos, encabezados por la asociación de vecinos Alto del Arenal, y también de los grupos políticos. Izquierda Unida planteó ayer que la Asamblea de Madrid pida el perdón, informa Rodolfo Serrano. El PSOE respondió inmediatamente, poniéndose al lado de IU. El PP, más cauto, reclamó un tiempo prudencial para estudiar la situación de Pepi. Los tres grupos reconocieron que las circunstancias que hicieron posible la condena de esta mujer y de su marido han cambiado. Y que, en consecuencia, no parece lógico que ahora, casi 10 años después de haber sido detenida, tenga que ingresar en prisión, sobre todo cuando ella ha rehecho su vida.

Fuentes jurídicas indicaron ayer que el comportamiento de la Audiencia con Mahugo ha sido encomiable, pues en dos ocasiones ha paralizado la ejecución de la sentencia en atención a las circunstancias de esta mujer.

El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de lo jueces, indicó ayer que 'los retrasos producidos en el cumplimiento de la ejecución' de esta sentencia 'lo han sido a petición de la interesada y en su beneficio'.

Motivos 'humanitarios'

El abogado de Josefa Mahugo, Javier López Blasco, pidió este mismo mes a la Audiencia Provincial la suspensión de la ejecución de la sentencia que condena a la mujer a tres años de prisión. López alega motivos 'humanitarios, de equidad, lógica y congruencia'. 'Los efectos de su ingreso en prisión serían en nada rehabilitadores ni beneficiosos, y causarían un daño irreparable a una familia que disfruta de una situación económica y personal estable'.

Cuando Pepi recibió hace 14 días la orden de ingreso en prisión de la Audiencia, bajó a llorar al bar de su amiga Merce, situado al lado de su casa de Arroyo del Olivar. Ayer, tras conocer el escrito favorable del fiscal, entró de nuevo en el local. Allí estaban los vecinos que la han apoyado desde que supieron que tendría que ir a la cárcel. La felicitaron a pesar de que aún no está del todo claro su futuro. A través de los cristales del mesón, en plena calle, todos podían ver las pancartas que ellos mismos colocaron el domingo. Ahora están rasgadas por el viento, pero todavía se puede leer su mensaje: 'Que Pepi se quede en casa'.