Hemorragia laboral

Más de 1.000 muertes cada año y un coste de 12.000 millones de euros. Ésta podría ser la síntesis de la siniestralidad laboral en España, el problema más persistente y más grave del mercado laboral. A pesar de que España ostenta el dudoso honor de sufrir el número más elevado de accidentes de trabajo de la Unión Europea, las denuncias públicas sobre esta vergüenza impropia de una sociedad avanzada no se habían traducido en iniciativas coordinadas para reducir el número de muertos y heridos durante la jornada laboral. Pues bien, esa iniciativa está en marcha. El Gobierno y los sindicatos están dispuestos a pactar un plan de choque contra la siniestralidad que pueda aplicarse a partir del año próximo.

El plan de Gobierno y sindicatos propone algo tan sencillo como imponer el cumplimiento estricto de las normas de seguridad laboral en las empresas mediante sistemas de inspección continuada y exhaustiva. Unas 30.000 empresas, el 3% del total nacional, concentra el 40% de los accidentes. Sobre ellas se extremará la vigilancia de la inspección laboral. La Inspección de Trabajo podrá actuar de oficio en las empresas de más de 1.000 trabajadores, y en esa actuación inspectora quedan incluidas las empresas de subcontratas y de trabajo temporal (ETT) que operan con las empresas principales. El grueso del plan de choque se completa con un aumento del número de inspectores laborales -apenas 700 en la actualidad, un número ridículamente pequeño para imponer el cumplimiento de la ley en toda España- y con la aplicación de sistemas de aumento o reducción de las tarifas de cotización de las empresas en función de su alta o baja siniestralidad.

No obstante, para que el plan sea eficaz deberá tener en cuenta que las causas de la siniestralidad no son coyunturales: se llaman escasos medios en las empresas para proteger a los trabajadores, jornadas de trabajo excesivas, contratos basura y escaso interés político de la Administración en aplicar sanciones ejemplares a quienes vulneren las normas de seguridad. Si el plan de choque es el primer paso hacia un estado de guerra permanente contra la siniestralidad laboral, bienvenido sea; si se convierte en un parche para salvar la cara del Gobierno mientras se agota la legislatura, el daño causado en la confianza de las empresas puede ser irreparable.