La juez de Gescartera exige al PSOE 60.000 euros para ejercer la acción popular

La pretensión del PSOE y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de ejercer la acción popular en el caso Gescartera choca con obstáculos. El último se acaba de producir a través de una providencia de la magistrada Teresa Palacios, que lleva la causa, por la que se pide a los diputados del PSOE y ERC que abonen 60.000 euros si quieren personarse. Los afectados han presentado recurso por considerar la fianza 'desproporcionada y discriminatoria'. El Sindicato Unificado de Policía tuvo que abonar para ese objetivo 3.000 euros.

Los diputados socialistas Antonio Cuevas, Juan Fernando López Aguilar, Ángel Martínez Sanjuán y María Teresa Costa, junto al parlamentario de ERC Joan Puigcercos, todos miembros de la comisión parlamentaria sobre el caso Gescartera, han pretendido, sin conseguirlo, ejercer la acción popular desde el principio del procedimiento. Primero se les denegó por cuestiones formales y, tras subsanarlas, se han encontrado con otro impedimento, la necesidad de pagar una fianza de 60.000 euros.

Teresa Palacios así lo comunicó en una providencia del 2 de octubre, que ha sido recurrida la pasada semana por el letrado que asiste a estos parlamentarios, Leopoldo Torres Boursault.

El abogado recuerda que sus representados, por las denegaciones anteriores, 'se han visto privados de intervenir en las numerosas diligencias de instrucción hasta ahora practicadas, de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal y de las restantes partes personadas'. La exigencia última de prestar una fianza de 60.000 euros 'es contraria al ordenamiento jurídico'.

El letrado estima que tal fianza es 'excesiva'. Primero se asegura que estos parlamentarios 'carecen de medios suficientes' para pagarla porque sus únicos ingresos se derivan del sueldo del Congreso. Si la falta de medios económicos impide ejercer la acción popular, 'supondría una indefensión'. 'Sólo cabría entender objetivamente que se nos pretende apartar de este proceso por unos medios o por otros: ayer exigiendo un poder especial que ya se ha aportado, hoy una fianza desorbitada', continúa el recurso. El letrado resalta que en este caso se imponen condiciones 'más gravosas que las exigidas a otras partes personadas en este mismo proceso', lo que va en contra del principio de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución.

Por otro lado, parte de los 1.800 afectados reconocidos oficialmente por este fraude comenzaron a recuperar la pasada semana, 489 días después de la intervención por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, algo de sus ahorros perdidos.