Condenado por un delito de coacciones un hombre que denegó ayuda al Infoca
El procesado arrojó piedras a un helicóptero cuando iba a tomar agua de su balsa
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha impuesto una multa de 990 euros al propietario de una finca del término municipal de Guaro por arrojar piedras contra un helicóptero del Infoca cuando intentaba tomar agua de una balsa de su propiedad para extinguir un incendio. Según la delegación de Medio Ambiente de Málaga, es la primera vez que un acto de este tipo se juzga como delito (coacciones en este caso), por lo que la sentencia se valora como 'un hito'.
Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2002, sobre las 15.30 horas. El condenado, Antonio Ruiz Ruiz, se encontraba en su finca Rollo de Garifa cuando descubrió un helicóptero de la Agencia de Medio Ambiente recogiendo agua de una balsa de su propiedad. El agua se iba a utilizar en la extinción de un incendio que se había declarado en el Partido Arroyo Hondo de Guaro.
Al comprobar que el aparato estaba recogiendo agua, el agricultor 'le impidió hacerlo arrojando piedras, teniendo que levantar el vuelo el piloto ante el peligro de que las piedras impactaran en el aparato', relata la sentencia.
El acusado, prosigue el fallo, mostró en la vista oral su conformidad con la calificación otorgada a los hechos por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, ejercida por la Empresa de Gestión Ambiental (Egmasa) de la Junta de Andalucía. El tribunal ha decidido condenarlo por un delito de coacciones a pagar diariamente durante tres meses una multa de 11 euros, lo que suma un total de 990 euros. En el texto se especifica que no cabe recurso contra el fallo.
El delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Ignacio Trillo, destacó la 'enorme importancia' que este tipo de sentencias tienen para la prevención de delitos contra el medio ambiente. 'Es muy positivo que los tribunales empiecen a conceder a estos actos la entidad de delitos, porque es la única manera de disuadir a quienes no están concienciados de la necesidad de preservar el medio ambiente de la comisión de actos que pueden dañarlo gravemente', dijo Trillo, quien recordó que 'hace unos años este hecho habría sido calificado como falta por cualquier tribunal'.
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