Frente andaluz por el PER

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se aprestan, esta semana, a cerrar un pacto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para fijar una posición común frente a la desaparición del subsidio de desempleo agrario decidido por el Gobierno de la nación.

Los ayuntamientos y diputaciones, agrupados en este organismo, tienen mucho que decir en relación con este asunto. No en vano buena parte de sus propuestas inversoras se han basado en los fondos económicos que han acompañado a este sistema a través del famoso PER, llamado Aepsa desde la llegada de los populares al Gobierno central.

Tanto es así que los sindicatos saben que no están en una lucha que sólo ellos han de desempeñar sino que se trata de una cuestión que afecta de lleno a Andalucía, de ahí que, a partir de ahora, contemplemos cómo se ensancha la protesta contra una decisión gubernamental que ha dejado entre las cuerdas al PP de Andalucía. Es por eso, que no tiene por qué considerarse, ni muchísimo menos impertinente, al menos esta vez, la opinión del consejero de Turismo y Deportes y secretario general del Partido Andalucista, Antonio Ortega, quien arroja dudas sobre el papel jugado por los sindicatos al permitir que sólo quedara este aspecto por resolver del polémico decretazo.

Su palabras críticas, en la misma línea que ha apuntado tambien el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, abren la veda de los ataques a unas organizaciones que se juegan mucho en este proceso. Por tanto, tienen que ser lo suficientemente ágiles y firmes en sus evoluciones porque ya vienen recibiendo señales claras de que no van dejarles a ellos exclusivamente la responsabilidad de luchar contra lo que se considera toda una injusticia a los andaluces.

Ahí están las acciones de protesta que ha iniciado Izquierda Unida. La fotografía de coordinador,Gaspar Llamazares, en el encierro que protagonizaron días atrás en la Diputación de Sevilla, junto al dirigente del SOC, Diego Cañamero, seguro que está dando que pensar al secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Julio Ruiz. A poco que se descuiden, pueden quedar desplazados y máxime si por arriba, los suyos se avienen a cerrar un posible entendimiento con el Ejecutivo que deje fuera a los demas.

Por si acaso, los sindicatos mayoritarios aprietan el acelerador y fijan de plazo esta misma semana para encontrar la respuesta de Madrid a sus demandas. Si no hay una solución adecuada, las movilizaciones deberán retomarse de forma inmediata y sin más dilaciones. Lo que está claro es que como continúe vivo este conflicto a lo largo de los meses venideros se puede convertir el mismo, sin duda, en el principal argumento para que la celebración del próximo 28-F, Día de Andalucía, recobre viejas banderas de agravios y atropellos a Andalucía. Esta circunstancia supondría todo un mazazo a las aspiraciones de su presidenta regional, Teófila Martínez, por cierto, cada vez más arrinconada en su feudo gaditano, no se sabe si por temor a que crezcan las expectativas de su rival municipal, el socialista Rafael Román, actual presidente de la Diputación, o por incapacidad de vender un proyecto propio, no ya a sus convecinos sino a todos los andaluces, como algunos en su propio partido le llegan ya a reprochar.

A pesar de todo, tendrá Martínez una nueva oportunidad con la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. No se le ha ocurrido mejor idea que, con la que les está cayendo, preguntar, de nuevo, al presidente de la Junta, Manuel Chaves, sobre la situación del mundo rural. Ni que decir tiene que con esta feliz idea, se le brinda una ocasión idónea a los socialistas para arremeter duramente contra ellos, personalizando, ademas, en la alcaldesa de Cádiz, y de paso en el secretario general del PP, Javier Arenas, la inexplicable política del Gobierno central con respecto a Andalucía.