El Consell reclama poder disciplinario en el ámbito judicial

La Generalitat aspira a ejercer el control directo del régimen disciplinario de la plantilla judicial, competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y reclama el refrendo de las Cortes Valencianas para el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de un fiscal jefe de ámbito autonómico, según reza un acuerdo suscrito el viernes en Barcelona por seis consejeros de Justicia.

La comisión de coordinación de las siete comunidades que disfrutan hace años de las competencias de Justicia en sus respectivos territorios (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana) se reunió el viernes en Barcelona. El responsable navarro no acudió porque el Gobierno foral rechaza cualquier reunión institucional con representantes del Gobierno vasco desde que el lehendakari Juan José Ibarretxe presentara una propuesta soberanista que considera a Navarra la cuarta provincia de Euskadi. Sí participó, en calidad de invitado, el consejero de la Comunidad de Madrid, que acaba de estrenar la responsabilidad sobre Justicia.

El consejero valenciano, Carlos González Cepeda, y el gallego Antonio Pillado se sumaron sin fisuras a una propuesta conjunta que entraña la reivindicación de varias competencias que ahora ejerce en exclusiva el órgano de gobierno de la judicatura, el CGPJ, de ámbito estatal.

Hasta la fecha, el CGPJ designa a sus representantes en las comunidades autónomas como presidentes de los respectivos tribunales superiores de justicia. La iniciativa acordada en Barcelona solicita que las Cortes Valencianas, y los restantes parlamentos autonómicos, tengan capacidad para optar entre una terna de candidatos propuestos por el CGPJ para elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los parlamentos autonómicos, además, deberían tener poder para refrendar la nueva figura del fiscal autonómico, según la propuesta acordada en Barcelona. En la actualidad, el fiscal general del Estado designa a un fiscal jefe en cada autonomía, pero sus competencias son de ámbito provincial, de acuerdo con la distribución de los órganos judiciales establecida por el CGPJ.

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa pasa por reclamar para los gobiernos autonómicos poder para controlar el régimen disciplinario entre la plantilla judicial y supervisar el cumplimiento de los horarios de trabajo.

Empleados públicos

Una fuente oficial de la Generalitat recuerda que los horarios de trabajo en los juzgados se extienden desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde y sostiene que tales horarios se incumplen de forma habitual. El Consell lamenta, como otros gobiernos autonómicos, que los criterios de eficacia y eficiencia sobre el trabajo de los empleados públicos no puedan aplicarse a las plantillas que atienden los juzgados, que dependen jerárquicamente de la judicatura pero que reciben sus retribuciones de las correspondientes administraciones autonómicas.

Los responsables de Justicia reunidos en Barcelona estimaron también el coste de la implantación de los juicios rápidos en sus respectivos territorios, una cifra que suma 24 millones de euros, cinco en la Comunidad Valenciana.