España evita un compromiso con EE UU sobre la Corte Penal Internacional

El Gobierno dio ayer largas a la primera petición directa de Estados Unidos para que España firme un acuerdo bilateral que garantice la inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) que Washington busca para sus ciudadanos. La única respuesta que recibió ayer en Madrid la embajadora Marisa Nilo, enviada especial del Gobierno estadounidense, es que la autoridades españolas siguen estudiando si los acuerdos ya existentes entre los dos países son o no suficientes para garantizar el objetivo norteamericano, con las limitaciones acordadas por la Unión Europea. Madrid no sabe, por ello, si un nuevo acuerdo es o no necesario.

Aunque la visita de la enviada del Departamento de Estado ha sido calificada oficialmente de 'protocolaria', lo cierto es que Marisa Nilo llegó a Madrid en el contexto de una gira europea orientada a exponer las quejas de la Administración de George W. Bush por la reciente decisión de los Quince sobre los acuerdos bilaterales relativos a la CPI y a sondear la disponibilidad de cada país a firmarlos.

La UE adoptó hace dos semanas una posición común que permite a los Estados miembros firmar los acuerdos bilaterales que pide Washington, con tres limitaciones: que la inmunidad frente a la CPI no signifique impunidad de los delitos, que la inmunidad alcance sólo a personal militar y civil 'en misión' y que los acuerdos no sean recíprocos. Para facilitar el consenso de varios Estados contrarios a la firma de cualquier tipo de acuerdo, el compromiso incluyó, sin embargo, por iniciativa española, un párrafo en el que se dice que es posible que, dados los compromisos de entrega directa de imputados previstos en los acuerdos bilaterales ya existentes y en los multilaterales derivados de la OTAN, es dudoso que se necesiten nuevos acuerdos para dar a Washington lo que quiere.

Cláusula

Por lo que se refiere a España, el Convenio de Defensa contiene una cláusula que prevé que los militares detenidos aquí por haber cometido un delito sean entregados a la justicia de EE UU. En cualquier caso, todos los partidos parlamentarios menos el PP presentaron esta semana una moción, que cayó bajo la mayoría absoluta, exigiendo al Gobierno que no firme ningún acuerdo bilateral sobre la CPI.

Marisa Lino ha iniciado su gira por las capitales que se han manifestado más próximas a la política de Washington, y así, en días pasados, visitó Roma, Londres y Viena. En Madrid se entrevistó con el secretario de Estado de Exteriores, Ramón Gil-Casares, y con Juan Antonio Yáñez, que como experto jurista se ocupa de la CPI en Asuntos Exteriores.

Ambos expusieron los puntos de vista político y técnico, respectivamente, del Gobierno sobre esta materia y señalaron que ningún país de Europa está en este momento en disposición de firmar ese acuerdo bilateral. Por lo demás, indican fuentes diplomáticas, remitieron a la enviada de Washington al presidente de la UE, con quien no se ha entrevistado todavía, a fin de que prosiga el diálogo.