¿Un independentista defendiendo a España?

¿El Gobierno catalán aceptaría que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, defendiera sus demandas ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea? ¿El consejero de Agricultura catalán puede velar por los intereses de los pescadores canarios o gallegos ante la UE? El miércoles por la noche, el Fòrum dels Ciutadans reunió en el Centro Internacional de Prensa de Barcelona a representantes de diferentes grupos parlamentarios para dialogar sobre cómo debería articularse la presencia institucional de las comunidades autónomas, y en especial de Cataluña, ante los organismos comunitarios. En la primera jornada del seminario La política europea de Cataluña participaron el senador de Esquerra Republicana, Carles Bonet; el catedrático de Hacienda Pública y miembro del PSC Antoni Castells; el parlamentario del Partido Popular Daniel Sirera, y el secretario de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Joaquim Llimona.

Más allá de la defensa de románticas aspiraciones como la presencia de Cataluña como estado en la Unión Europea, todos los ponentes expresaron su convencimiento de las posibilidades que brinda el actual marco político -sin eventuales reformas del Senado o de la Constitución- para que las autonomías participen más activamente en la toma de decisiones comunitarias. Pero esta vía choca repetidamente con la negativa del Ejecutivo de José María Aznar, denunciaron al unísono Llimona, Bonet y Castells. El Gobierno central, añadieron, no sólo se muestra indiferente a las demandas formuladas en este sentido por las comunidades gobernadas por el propio PP, sino que además ha reducido a la mínima expresión las conferencias sectoriales, donde el Gobierno central coordina su política comunitaria con las autonomías. 'Si uno no puede hacer oír su voz dentro del Estado, que nadie se extrañe si toma fuerza la tesis de hacerla oír fuera del Estado', sentenció Antoni Castells.

En cambio, para Sirera, una fórmula participativa similar a la de los länder alemanes, por la que abogó el resto de los ponentes, supondría todo un galimatías. Sirera consideró que sólo un ministro puede defender los intereses generales de España ante la UE. Carles Bonet negó esta máxima: él mismo representó al Senado, y por tanto los intereses españoles, en un congreso científico el pasado mes de abril en Holanda porque sus colegas socialista y popular no pudieron asistir al encuentro.

Pese a la imaginativa capacidad de los participantes para encontrar fórmulas que permitan a las autonomías tener voz propia en la UE, todos ellos se mostraron pesimistas sobre su aplicación a medio plazo. Castells, por ejemplo, abogó por dar prioridad al proceso de integración política europea y agregó que la futura Convención no definirá claramente el papel de las regiones debido a su difícil encaje en una Europa de 25 miembros. Carles Bonet apostó por fortalecer y mejorar los mecanismos internos (Senado y conferencias sectoriales) y señaló que cualquier solución pasa irremediablemente por la voluntad política de los dos grandes partidos estatales: PP y PSOE. Joaquim Llimona, por su parte, auguró que el debilitamiento del poder de los Estados comportará un aumento del de las regiones. Y Daniel Sirera, aunque defendió el sistema actual, optó por reservarse su opinión por su obediencia al PP y por la presencia de la prensa en el acto.